Columna de Max Colodro: Al margen de la ley

La Moneda
Foto: Andres Perez


El gabinete ha quedado en interdicción luego que seis ministros participaran -algunos varias veces- en cenas donde compartieron con importantes actores económicos. Invitados por un anfitrión que mostró una notable capacidad de convocatoria, hay una primera pregunta relevante: ¿no es acaso beneficioso para el país que autoridades de gobierno y representantes del mundo empresarial muestren disposición a conversar y que exista alguien con capacidad de reunirlos? Por supuesto que sí, pero las autoridades y los gestores de intereses (propios o ajenos), están en ese caso obligados a cumplir la ley, una norma vigente que exige trasparentar las condiciones y el contenido de este tipo de encuentros.

Porque cuando ello no ocurre, se instala un manto de duda y de sospecha, que afecta las confianzas. Es lo que pasa ahora con ministros de Estado que dicen no haber sabido que estas reuniones deben informarse. Varios agregaron, además, no haber conocido a quienes iban a ser sus interlocutores ni los temas a tratar. Una llegó a decir que no sabía siquiera de la trayectoria profesional del anfitrión. Y, finalmente, el Presidente de la República señaló en su primera reacción que los ministros no habían violado la ley ni tenían la obligación de informar para, luego, solicitar a sus subordinados que cumplieran con la norma.

¿Seis ministros participan en cenas, algunos más de una vez, con representantes del sector privado y el Presidente Boric nunca fue informado ni consultado sobre la pertinencia de estos encuentros? ¿Es eso posible? En este gobierno, al parecer, sí. ¿Y los ministros nunca se enteraron que media docena de sus pares iban a las mismas tertulias, más o menos con los mismos interlocutores? ¿Nunca conversaron entre ellos, no comentaron nada? ¿Accedieron a participar en encuentros organizados por un ex alcalde de la UDI y fueron sin saber con quiénes iban a estar y de qué iban a hablar?

Obviamente, todo esto no resiste ninguna lógica. Los ministros tenían que saber a dónde iban, a lo que iban y con quiénes iban a juntarse. Y no tiene nada de malo; al contrario, es bueno que conversen sobre temas relevantes para el país, siempre y cuando, cumplan la ley. Entre los expertos en transparencia no ha habido voces disonantes: en este caso, las autoridades públicas y los gestores de intereses debieron informar. Si no se hizo, hay razones para la sospecha. Más aún cuando algunos ministros han ido reconociendo las reuniones a cuentagotas.

Buena parte de los errores y cambios de criterio que han marcado el devenir de este gobierno tienen su origen en no entender que hay cosas que no son discrecionales. Cuando fallos judiciales establecen que se ha cometido delitos, el Presidente no puede indultar diciendo que, según su convicción, los responsables no son delincuentes. Cuando sus ministros participan en actividades de lobby, no hay problema, siempre y cuando cumplan la ley. Y si la incumplen, no pueden alegar desconocimiento. Lo que deben hacer es dejar sus cargos.

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