Humberto Maturana decía que toda Constitución debiera incluir el derecho a equivocarse y a cambiar de opinión. Porque las personas evolucionan, tienen apertura de espíritu y pueden entender las nuevas circunstancias; algo valorable cuando es genuino y responde a una sincera introspección. Pero en el caso del Presidente Boric y de su gobierno la duda parece inevitable: ¿se puede cambiar de opinión en pocos meses no sobre una cosa sino sobre casi todas: delincuencia, Carabineros, estados de excepción, infraestructura crítica, inmigración ilegal, retiros de fondos previsionales, el gobierno de Aylwin, “los treinta años”, etc.?
La verdad, solo se puede concluir que el poder y los cargos públicos tienen sobre las personas un efecto casi mágico; incluso en aquellos jóvenes rebeldes, moralmente superiores, que venían a cambiar el mundo. El drama es que tantos cambios de opinión, una vez conocidos los privilegios del poder, corren el riesgo de parecerse demasiado al simple oportunismo; a hacer y decir exactamente lo que la gente espera, cuando las circunstancias ya no son las mismas y, sobre todo, el día en que por fin “se habita” en Palacio. Así, cuando la mayoría de las opiniones sostenidas durante más de una década terminan súbitamente en el tarro de la basura, la gente tiene derecho a preguntarse: ¿hubo alguna vez una convicción?
Es cierto: hoy más que nunca la política es cínica, frívola y está plagada de oportunismo. Escuchar a las actuales autoridades y contrastar sus opiniones con las anteriores, parece una humorada del destino. Que sin embargo permite confirmar la fuerza del orden establecido, la inercia del país construido en las últimas décadas. Al punto que incluso esta generación de jóvenes, en apariencia puros e irreductibles, terminó sucumbiendo apenas conoció los viáticos y los autos con chofer.
Con todo, existe un pequeño inconveniente: si jamás hubo convicciones o ellas eran tan débiles, se puede tener casi la certeza que detrás de los actuales cambios de opinión tampoco se encontrará algo muy sólido. Es probable entonces que cuando estos habitantes del poder sean derrotados y vuelvan a la otra vereda, sus nuevas posiciones van a desvanecerse con la misma rapidez de las anteriores. Volverán así las circunstancias que permitan justificar la violencia, la destrucción del orden público y las ganas de quemarlo todo.
Salvo que pudiéramos establecer un acuerdo de principios que honrara lo que el actual oficialismo insinúa haber entendido: que la violencia en democracia no es aceptable en ninguna circunstancia; que de la misma manera en que los golpes de estado y las violaciones a los DD.HH. no admiten contexto que las justifique, la quema de estaciones de metro, de iglesias y de escuelas, la validación de todo lo que vivimos en el contexto del estallido social no puede volver a aceptarse ni a ocurrir.
Pero todos sabemos, o al menos intuimos, que un acuerdo de esa naturaleza está simplemente más allá de lo posible.
