Creíamos que la democracia se fundaba en el voto de la gente y que la representación política era un anhelo compartido. Ahora sabemos que existen sectores cuyo sueño es que haya la menor cantidad de votos posibles, y que solo concurran a las urnas los incondicionales y los convencidos. Por alguna razón inconfesable, alguien descubrió que lo conveniente era desincentivar el deber ciudadano de escoger a las autoridades, fulminar el sufragio obligatorio eliminando la multa por su incumplimiento.
Una decisión consistente con una sociedad que hace tiempo asumió que la gente tiene derechos, pero no obligaciones, y que si el transporte público no funciona según lo prometido, corresponde no pagarlo; que la universidad debe ser gratis incluso para los hijos de familias de altos ingresos y que los jóvenes idealistas tienen derecho a tomarse sus escuelas y facultades, impidiendo a sus compañeros seguir asistiendo a clases.
Hoy resulta fácil culpar a los políticos del deterioro y de la falta de solución a los problemas, como si la política no estuviera sostenida en decisiones que toman los propios ciudadanos. Ahora se pretende no sancionar a quienes se quedan en casa el día de las elecciones, para que sea todavía más simple culpar a otros por las decisiones a las que opté por restarme. Al no haber consecuencias, la gente siente que no es responsable de lo que votan los demás. Y los políticos logran, por su parte, sacar de la ecuación a ese enorme universo de electores que no pueden controlar.
Es cómico: en tiempos en que hasta las almejas están en vías de convertirse en sujetos de derecho, ciertos sectores buscan que los humanos voten cada vez menos, para que los elegidos sean siempre los mismos y puedan seguir haciendo de las suyas. También, para que la gente tenga el privilegio y la desfachatez de sentir que no tiene ninguna responsabilidad por la calidad de la política y de los políticos que escoge. Así, si las cuentas de la luz hoy suben de manera escandalosa, parecerá que ello no tiene relación con el congelamiento de tarifas que durante casi cinco años los ciudadanos validaron con entusiasmo.
En resumen, políticos que sueñan con una democracia sin ciudadanos y ciudadanos que no quieren sentirse responsables de lo que escogen. Una complicidad perfecta que explica buena parte del deterioro político y cultural que hemos vivido en estos años. Un país con derechos y sin deberes, donde siempre se puede cambiar de opinión cuando es conveniente. Sin ir más lejos, el INDH estuvo cuatro años diciendo que durante el estallido social hubo violaciones sistemáticas a los DD.HH., para decir ahora lo contrario, sin ninguna necesidad de dar explicaciones. Al final, a algunos les resulta más lógico que la gente no se sienta obligada a votar, para que después mire la política y a los políticos con indiferencia, creyendo que nada de lo que ocurre depende de sus propias decisiones.
Por Max Colodro, filósofo y analista político
