Siempre supieron que era inviable, igual que el pago de “la deuda histórica” a los profesores. Las estimaciones más recientes ubican el monto total de la deuda asociada al CAE por sobre los 11.200 millones de dólares, cifra simplemente exorbitante. A partir de la promesa de campaña respecto a que dicha deuda sería condonada, como era obvio, la morosidad empezó a subir como espuma. Hoy, de los 800 mil beneficiarios en etapa de pago, 46% está al día y 54% en mora.
En su primer gobierno, el expresidente Piñera se hizo cargo de buscar una solución sensata a este problema. Desde 2012, la cuota a pagar fue contingente al ingreso, teniendo como tope el 10% del mismo. Las tasas de interés bajaron desde UF+6% a UF+2%, con la posibilidad de suspender el pago en caso de cesantía y un límite de tiempo, luego del cual la deuda restante se extingue. Fueron cambios valorados en su momento de manera transversal, pero que, frente a la oferta demagógica de las actuales autoridades, no evitaron que los incentivos se movieran a la simple y cómoda idea de dejar de pagar.
¿Por qué revive ahora esta mala política pública? Muy simple, porque nos acercamos otra vez a un ciclo electoral. Y un gobierno que se quedó sin proyecto político luego de la derrota de su propuesta constitucional, y que no tiene los votos en el Congreso para aprobar lo poco que queda de sus reformas, decide insistir con una idea para la cual sabe que jamás tendrá los recursos: que los jóvenes que han podido acceder a la universidad, que hoy son profesionales y están pagando sus deudas en condiciones razonables, reciban un regalo que no se justifica y que es muy injusto con todos aquellos que han hecho el esfuerzo por cumplir con ese compromiso.
Porque, una cosa es entregar ayudas del Estado a quienes se encuentran circunstancialmente en condiciones económica que les impiden pagar, y otra muy distinta, condonar una deuda a personas que decidieron estudiar, ahora son profesionales y tienen trabajos acordes a esa realidad. Pero esa fue la promesa del actual gobierno: extinguir una deuda a sectores que pueden hacer el esfuerzo de cumplir con sus compromisos, y un gran porcentaje lo hace, cuando en el país existen necesidades mucho más importantes y urgentes.
En un Chile donde la autoridad sostiene que no hay recursos para mejorar las condiciones económicas de los carabineros, con interminables listas de espera en los hospitales, con ayudas que llegan tarde y mal a los damnificados de los incendios en la Región de Valparaíso, con un enorme déficit en materia de vivienda, el gobierno vuelve a poner sobre la mesa una política pública para la que jamás existirán los recursos y que solo responde a una estrategia política. Un despropósito completo que únicamente se explica por el principio de esta historia, es decir, por hacer ofertas sabiendo no solo que son profundamente regresivas, sino que, todavía peor, jamás habrá recursos para poder financiarlas.
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