¿Habrá otro país en el mundo donde, durante meses, las turbas atacan comisarías y regimientos sin que sus funcionarios tengan el respaldo político para responder? Pues bien, eso ocurrió en Chile en el estallido social, y no solo no hubo una ola de repudio, sino que se normalizó la idea de que ello era una respuesta legítima frente a los abusos e injusticias acumulados desde el retorno a la democracia; como también lo era el incendio de estaciones del Metro, de iglesias, y los saqueos de supermercados. Acciones avaladas o, al menos, “contextualizadas”, por amplios sectores políticos, la mayoría de los cuales hoy son gobierno.
Un alcalde de la zona sur de Santiago decía hace unos días que en buena parte de su comuna “el Estado no existe”. Obvio, es lo que se destruyó de manera sistemática, con el objetivo de debilitar a los adversarios en el poder y, ojalá, de hacerlos caer. Esos adversarios eran Sebastián Piñera y la derecha, actores que cometieron en ese trance enormes errores políticos, pero que un año y medio antes habían ganado las elecciones con mayoría absoluta, es decir, nadie podía impedirles por la fuerza su derecho a gobernar.
Lo que Chile vive ahora es en parte el corolario del quiebre de un “pacto social mínimo”: en democracia, no caben ni la violencia ni la transgresión de la ley. Pero el problema es que aquí hubo sectores que apostaron a eso y que vieron en las llamas un renacer de sus sueños frustrados, sin importarles que la destrucción del orden público y del Estado de derecho terminara, como siempre, dañando sobre todo a los más vulnerables.
El asesinato de tres funcionarios de Carabineros en menos de un mes es devastador. Confirma que la sociedad se enfrenta hoy a una violencia organizada dispuesta a todo, con el objeto de seguir avanzando en aquello que el contexto político le hizo cada día más fácil: acumular poder económico, extender sus redes a través del tráfico de drogas, de armas y personas, controlar nuevos territorios y tener una creciente influencia social. El avance de la “cultura narco”, especialmente en las nuevas generaciones, se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional. Pero todavía no tenemos ni siquiera acuerdo respecto a las condiciones para que la policía pueda desfundar un arma.
En síntesis, el crimen organizado está ganando el partido por goleada porque, entre otras cosas, un sector político validó culturalmente las reglas del juego que le son funcionales. Ese sector ahora paga el precio de tener que hacerse cargo, desde el gobierno, de los efectos de muchas cosas que apoyó desde la oposición. Y no tiene más alternativa. El deterioro de la seguridad es tan descomunal que ha ido anulando la perspectiva de cualquier otra demanda ciudadana. Es que nada más pareciera importar cuando se vive en el miedo.
Era imposible que el delirio de estos años no nos terminara pasando una cuenta dolorosa y enorme; a todos, pero especialmente a quienes lo alimentaron para llegar al poder.
Por Max Colodro, filósofo y analista político
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