El año que termina consagró a Chile como un país donde la civilidad no fue capaz de generar un acuerdo constitucional. Hito que representa el fracaso de un esfuerzo colectivo de cuatro años, y de las expectativas puestas en él por un sector relevante de la sociedad desde hace más de una década. En efecto, a comienzos de 2010 -y con la derecha ya instalada en La Moneda- una nueva generación política reactivó el sueño que había quedado pendiente (más bien, frustrado) desde fines de los ‘80: demoler la herencia de la dictadura; echar abajo su Constitución y convertir a Chile en “la tumba del neoliberalismo”.
Al calor de años de luchas sociales y, sobre todo, a partir del escenario abierto por el estallido social, dicha generación logra llegar al gobierno para cumplir con ambos desafíos. Se le dijo al país que, treinta años después, había arribado la hora y un sector mayoritario aceptó que la nueva Constitución debía ser el engranaje principal de los cambios. Liderados por una generación que en una década pasó de las federaciones estudiantiles a la conducción del país, Chile empezaba a saldar cuentas con la historia.
Ese sueño, ese proyecto político y generacional, es lo que terminó de morir este año 2023. Porque no hubo nueva Constitución y fue la propia izquierda quien debió salir a reafirmar en las urnas el texto vigente. Y ese fracaso se suma a su vez al otro: no hay ni habrá cambio de “modelo”. Este gobierno a duras penas logrará modestas reformas en materia tributaria y previsional; buscará que el sistema de salud no colapse producto de la crisis de las Isapres y que, ojalá, la educación pública no siga debilitándose como lo ha hecho desde hace más de una década.
Además, hoy las energías están puestas en la creciente ola de inseguridad pública y en el estancamiento económico. Dos realidades que tienen al gobierno sobrepasado y que se juntan en un punto gravitante: la crisis de confianza en las instituciones. Una crisis que ha golpeado las expectativas de todos y que tiene al conjunto del sistema político sin agenda de mediano y largo plazo, convertido en el principal factor de ingobernabilidad y polarización.
2023, el año en que el oficialismo terminó sin proyectos, sin convicciones, sin nueva Constitución; con el Presidente Boric y sus fuerzas políticas teniendo que renunciar a todo, votando al final para mantener la Carta Magna vigente y formando una sociedad con SQM para la explotación del litio. Un acuerdo económico muy conveniente para ambas partes, pero que tiene una dimensión política innegable: “la empresa del yerno de Pinochet”, la que financió de manera irregular a políticos de todo el espectro; hoy termina siendo moralmente blanqueada por un gobierno del Frente Amplio y del PC. A dos semanas de haber tenido que votar para dejar a firme la Constitución del suegro.
La verdad es que no pudo haber mejor epifanía de una derrota histórica, política y cultural, que este cierre de año.
Por Max Colodro, filósofo y analista político
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.