Es la primera vez en décadas que tres uniformados fallecen producto de un atentado terrorista. Un crimen brutal que termina con los cuerpos de las víctimas totalmente calcinados. El mismo día del aniversario de Carabineros y con un general director ad portas de ser formalizado por la fiscalía. Hace apenas dos semanas, otro integrante de la institución había sido asesinado frente a su familia, cuando intentó repeler a un grupo de delincuentes en plena calle.
Por su magnitud y frialdad, esta tragedia marca un hito, pero no se puede perder de vista el contexto: estamos contando personas muertas a balazos prácticamente todos los días; niños y adolescentes, hombres y mujeres de cualquier condición. El narcotráfico y el crimen organizado forman parte de la nueva normalidad; la gente vive con el miedo y la angustia pegada a la piel. En muchas zonas urbanas a lo largo del país, los habitantes ya no pueden transitar a partir de determinadas horas. Han debido acostumbrarse al encierro, mientras los delincuentes se sienten libres e impunes para moverse por sus territorios.
El gobierno actual no puede eludir su responsabilidad política, pero el problema de fondo es anterior a esta administración y las culpas son transversales. ¿Cómo es posible que el proyecto de ley de inteligencia lleve seis años de tramitación en el Congreso? ¿Por qué la iniciativa sobre reglas de uso de la fuerza cumplió un año en trámite y el Ejecutivo no decide ponerle urgencia? ¿Cuándo un hombre, asesinado en la calle frente a su hija menor de edad tiene 99 detenciones previas, los jueces no sienten que deben dar alguna explicación, asumir un mínimo de responsabilidad?
En estas horas hemos visto y escuchado lo de siempre; solidaridad con los familiares de las víctimas y con la institución de Carabineros, autoridades reiterando con tono enérgico que a los criminales se los buscará por cielo, mar y tierra. Pero hay algo que, a estas alturas, resulta evidente: si se sigue haciendo lo mismo, si no se sacan adelante los proyectos en trámite, si no se evalúan otras medidas incluido los estados de excepción, si no se generan los acuerdos que permitan adecuar las políticas de seguridad a las nuevas realidades, vamos a seguir igual y peor. El único punto de inflexión posible a partir de los hechos de este fin de semana pasa por la voluntad política, sobre todo del gobierno y de sus partidos.
Hasta ahora, no se ha podido avanzar en fortalecer a las policías y, sobre todo, en ampliar sus capacidades preventivas y represivas, por la innombrable razón de que sobre esas materias hay importantes diferencias en el oficialismo. Y esos desacuerdos no solo han sido paralizantes en iniciativas clave, sino que, también, han generado un clima de inseguridad y desconfianza al interior de las propias instituciones policiales. Una que ya fue descabezada y otra que se apronta a serlo. Cuando más se necesita tener a sus integrantes sintiéndose seguros y respaldados en sus complejas y riesgosas labores.
Por Max Colodro, filósofo y analista político
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