En un solo día asesinaron a un teniente de Carabineros, que intentó impedir un ilícito mientras se desplazaba con su mujer y su hijo; uno de los delincuentes falleció en el atraco. También fue acribillado por pistoleros un hombre que tenía 99 detenciones previas y llevaba esa mañana a su hija de nueve años a la escuela. Por la tarde, sin motivo aparente le dispararon a quemarropa a un “cantante urbano” que se aprestaba a grabar una performance en Peñaflor; y en un centro comercial de Monte Águila se registró una balacera digna del far west.
Todo eso forma parte de la nueva normalidad. Lo verdaderamente asombroso es que esta semana un fiscal nos informara que, según las evidencias recogidas hasta ahora, el exmilitar venezolano Ronald Ojeda -refugiado político en Chile- habría sido asesinado por extranjeros que ingresaron al país con ese específico fin, y que tenían órdenes de detención previas en Chile. El persecutor confirmó, además, que los antecedentes apuntan a que el asesinato de Ojeda no tuvo relación con el crimen organizado ni con un secuestro, sino que fue de carácter político, es decir, sus autores intelectuales tendrían algún nexo con el régimen venezolano. Algo similar a lo que, en su tiempo, hizo el régimen militar chileno a través de la Dina, cuando asesinó en Washington a Orlando Letelier y en Buenos Aires a Carlos Prats.
¿Sorpresa? Ninguna, era lo que todos presumían. Pero el peso de lo que empieza a develarse es, en realidad, brutal: una dictadura extranjera habría tomado la decisión de asesinar en Chile a un exmilitar disidente, contratando a criminales que violaron nuestras fronteras e ingresaron de manera ilegal al país en más de una oportunidad, degradando nuestra soberanía y dejando por el suelo la seguridad nacional. Y esa dictadura no solo tiene el respaldo entusiasta, sino también estrechos vínculos políticos con uno de los principales partidos del actual gobierno chileno.
¿Delirante? Sin duda. Pero más delirante todavía es que el presidente de Chile le “exija” a esa dictadura colaboración para esclarecer un crimen político en el que ella estaría directamente involucrada. Y que las autoridades de ese régimen antidemocrático ofrezcan sin problemas sus buenos oficios para que los hechos se aclaren y sus responsables sean sancionados. Es completamente absurdo, un auténtico baile de máscaras, donde lo único real es que, si se confirma que el crimen del exteniente Ojeda fue ordenado desde Caracas, el gobierno de dicho país jamás tendrá interés y, menos aún, colaborará para que el hecho se dilucide y sus responsables puedan ser sancionados.
La sonrisa temeraria e indolente de uno de los asesinos del último mártir de Carabineros, es seguramente la misma que hoy deben traslucir las autoridades de esa dictadura, amiga y compañera de ruta del más importante partido de nuestro gobierno. Un gobierno que, en estas horas, trabaja afanoso para conseguir que dicho partido encabece desde mañana la testera de la Cámara de Diputados.
Por Max Colodro, filósofo y analista político
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