Los resultados de la prueba Simce 2022 confirmaron lo que todos los especialistas anticipaban: Chile, el país de la OCDE que por más tiempo tuvo sus escuelas cerradas durante la pandemia, mostró importantes retrocesos en materia educacional. Es que el Colegio de Profesores y las fuerzas políticas que hoy gobiernan hicieron todos los esfuerzos para que los niños no pudieran volver a clases: presentaron proyectos de ley para impedir la reapertura de los establecimientos, una acusación constitucional en contra del ministro de la cartera y recursos de protección para cerrar colegios que habían decidido retomar sus actividades.
Pero lo que vino a confirmar el Simce es algo anterior a la pandemia: el constante deterioro en la calidad de la educación, brechas que no se cierran e incluso aumentan entre la educación pública y privada. Lo insólito es que Chile hizo de los cambios en esta área su prioridad número uno hace más de una década. Quienes ahora habitan La Moneda fueron precisamente los dirigentes de un movimiento estudiantil que impuso a fuerza de movilizaciones una agenda muy ambiciosa.
Así, cuando Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría llegaron al gobierno en 2014 todas las exigencias de ese movimiento se consumaron: fin del lucro, término de la selección y del copago en la educación subvencionada; desmunicipalización de las escuelas públicas y gratuidad universitaria; una ley de carrera docente y aumento de recursos basales para las universidades públicas. Y a casi una década de todo esto la educación sigue sin remontar, los liceos emblemáticos fueron destruidos por los propios estudiantes, y la brecha entre la educación de ricos y de pobres no disminuye.
Las fuerzas políticas que impulsaron esa agenda y que durante la pandemia hicieron sus mejores esfuerzos para que los estudiantes no volvieran a clases, ahora observan al Colegio de Profesores llamando a una paralización de actividades, exigiendo el pago de una “deuda histórica” que jamás hubo posibilidad de saldar. Es decir, se les ofreció una mentira, igual que a los deudores del CAE y ahora el diseño político consiste en culpar a los que se oponen a una reforma tributaria. Reforma que, ni aprobándose y en el escenario de recaudación más optimista, podría generar los recursos necesarios para cumplir ambos compromisos en un plazo razonable.
En realidad, la prueba Simce es casi una metáfora, el símbolo de un deterioro general que, obviamente, está lejos de afectar sólo a la educación. Sus derivadas se ven en todo: orden público, narcotráfico, salud mental, campamentos, inversión, crecimiento económico, etc. Y detrás de las cifras no hay una pandemia, hay una larga lista de decisiones políticas. De hecho, la última no podía ser más consistente: la misma semana en que confirmamos que los estudiantes leen y entienden cada vez menos, Chile se convierte en el primer país que desestima ser invitado de honor a la feria del libro más importante del planeta.
Por Max Colodro, filósofo y analista político
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