El país enfrenta una emergencia pavorosa, derivada de incendios forestales acaecidos en las últimas horas. Las regiones de Valparaíso y O’Higgins son, hasta ahora, los principales focos de la devastación. Pueblos y ciudades enteras han sido afectados por el fuego, dejando en evidencia no solo la magnitud de los fenómenos climáticos que se producen en estos tiempos a nivel local y global, sino también las reales capacidades de prevención y de respuesta de los órganos del Estado y de las autoridades políticas a este tipo de contingencias.
Es innegable que el momento y el contexto político agregan otros componentes. La tentación de utilizar el drama para golpear al gobierno de turno; poner el acento en lo que no se hace de manera pronta y adecuada; ilustrar los déficits de gestión y coordinación que este tipo de hechos siempre conllevan, son parte del modelo clásico de respuesta en estas circunstancias. Pero hay algo que debiera marcar al menos una exigua diferencia en lo que se espera en estos momentos: una mayor disposición de las fuerzas opositoras para sumarse al trabajo de apoyo al gobierno y a los demás órganos del Estado. En efecto, en el actual escenario no hay margen para vacilar respecto de lo que representa el estado de excepción de catástrofe, es decir, la suspensión de toda política que no contemple una lógica colaborativa. Una tregua para no afectar ni debilitar las siempre precarias capacidades del Ejecutivo para abordar hechos de esta magnitud.
No importa si en el pasado reciente los sectores que hoy gobiernan tuvieron una actitud muy diferente, como de hecho ocurrió en los duros momentos en que el orden público fue políticamente horadado durante el estallido social, o cuando se tuvo que organizar la respuesta pública a los enormes desafíos impuestos por la pandemia. Es evidente que los opositores de entonces -salvo escasas y honrosas excepciones- no tuvieron la estatura ética ni política para entender lo que estaba en juego, y para ofrecer una sincera mano acogedora en el clímax de las dificultades. Al contrario, no pocos vieron esas circunstancias como una oportunidad para golpear en el suelo al gobierno de Sebastián Piñera, buscando impedirle ejecutar las medidas requeridas para retomar el control del orden público, y para imponer las restricciones imprescindibles en función de los objetivos sanitarios durante la cuarentena.
Ese recuerdo y ese precedente vergonzoso son ahora ejemplos de lo que no se debe hacer frente a tragedias como la que Chile vive hoy. Aquí no puede haber el más mínimo desliz de oportunismo, ni el más sutil intento de sacar alguna ventaja política. La necesaria y justa evaluación de los logros y déficits de gestión de la autoridad frente a esta dramática coyuntura deberán quedar para después; para otro momento, donde precisamente la legitimidad para evaluar y fiscalizar lo realizado, esté dada por la incondicionalidad con que se estuvo dispuesto a colaborar cuando el drama humano y social así lo requería.
Por Max Colodro, filósofo y analista político
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