Una mayoría cercana al 62% del país decidió rechazar la propuesta emanada de la Convención Constitucional. Un proceso surgido desde la violencia impuesta a partir del estallido social, que dañó a millones de personas, pero que tuvo el respaldo y la complicidad de importantes sectores políticos. La magnitud de la derrota sufrida por el oficialismo supone un aprendizaje muy importante para la democracia: no se puede apostar al uso o aprovechamiento de la violencia, por muy legítimo que parezca el fin deseado.
El proceso constituyente que ayer terminó derrotado nunca pudo desprenderse de ese origen violento; al contrario, los partidarios del estallido social buscaron imponer en él sus términos y hegemonía, sin ninguna consideración a la realidad política del país, es decir, a la representación y los equilibrios de fuerzas que se han confirmado una y otra vez desde el retorno a la democracia. Así, el contexto que se impuso a través del uso de la fuerza cristalizó en una mayoría espuria al interior de la Convención, generada a partir de un sistema electoral cuyo objetivo explícito fue sobrerrepresentar a ciertas minorías y subrepresentar a las grandes mayorías nacionales.
Junto a esta complicidad con la violencia, el proceso constituyente intentó también imponer un imaginario de Chile basado en la exclusión, artificialmente refundado desde lógicas identitarias: la idea del Chile plurinacional, con autonomías territoriales, con sistemas de justicia distintos según etnias, que quiso suprimir una institución emblemática de la República como es el Senado, que buscó limitar severamente las atribuciones de la autoridad presidencial. La ilusión de que era posible construir un nuevo modelo de sociedad basado en la desigualdad ante la ley y, en síntesis, que pretendía no reconocer el peso histórico que la centroderecha y la centroizquierda tienen en la sociedad chilena.
No será fácil para los sectores políticos derrotados ayer reconocer y asumir estas lecciones. Con todo, es el único camino posible para reiniciar un nuevo proceso, que conduzca a un acuerdo constitucional amplio, viable y transversal. Sólo asumiendo y respetando los compromisos adquiridos por todos los sectores a lo largo de este camino, mostrando generosidad y espíritu de colaboración, se podrán restablecer las confianzas necesarias para retomar el proceso constituyente.
El gobierno y el Presidente Boric tienen como imperativo inmediato una severa autocrítica, pero requiere respaldo y colaboración de todos los sectores. Para una administración que recién comienza, que tiene por delante un ciclo de deterioro económico muy profundo, este es un resultado demoledor, que va exigir una predisposición distinta a la que tuvo por parte de sus opositores el expresidente Piñera a partir del estallido social.
El camino para recomponer la convivencia será difícil. Chile tiene hoy una nueva oportunidad para gestar un genuino compromiso constitucional. Pero es un camino no asegurado.
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