A lo mejor, el ministro Marcel tiene razón y este es el momento para iniciar una discusión sobre ingresos y gasto público. En rigor, estar con cada nuevo gobierno reabriendo un debate tributario ha tenido efectos muy negativos, manteniendo la incertidumbre jurídica y debilitando los incentivos al ahorro y la inversión. Hasta ahora, el centro de la controversia giró siempre en torno a la forma y montos de la recaudación: cuánto se necesita en base a lo que se quiere financiar y cuál es la proyección esperable a partir de los requerimientos futuros.
Pero el contexto de dicha discusión cambió ahora de manera radical. La bomba de racimo de las “fundaciones ideológicamente falsas”, el tráfico de influencias y la eventual malversación de caudales públicos que hoy sacude a un sector del oficialismo, hará muy difícil discutir sobre tributos sin poner el foco en cómo se están gastando los recursos fiscales. En la actualidad, no hay piso político ni clima de opinión pública que hagan posible plantear el imperativo de aumentar las rentas generales, sin un análisis exhaustivo sobre el destino del gasto.
El escándalo de fundaciones en las que se articulan redes políticas, amiguismo e intenciones de defraudar al Estado, obliga a que cualquier negociación sobre nuevos impuestos pase por preguntas sobre el destino de estas cuantiosas sumas de dinero. Por ejemplo: ¿Se van a seguir financiando como hasta ahora fundaciones “de papel”, dilapidando dineros públicos en amigos, parientes y compañeros de partido? ¿Va a seguir aumentando el empleo público como lo ha hecho en los últimos meses? ¿Alguien sabe con claridad qué hacen esas decenas de miles de nuevos funcionarios?
Surge también la posibilidad de revisar -ahora en serio- la enorme cantidad de programas públicos que según la propia Dirección de Presupuestos llevan años mal evaluados o son inefectivos, pero se mantienen vigentes por lógicas de captura política. A su vez, los gravísimos problemas de gestión y probidad a nivel municipal -de los cuales la investigación sobre el ex alcalde Torrealba es solo una muestra-, o los casos de corrupción en altos mandos de las FF.AA., ¿no son temas a discutir antes de seguir aumentando las arcas fiscales? ¿No es imperativo establecer mecanismos de control que de verdad impidan el despilfarro en fundaciones “truchas”, en falsos exonerados, o en sueldos de personal que no se necesita?
Por fortuna, el vergonzoso capítulo que hoy sacude al partido más importante del FA puede tener al menos una secuela positiva: impedir que un nuevo debate tributario se concentre solo en la forma de obtener más recursos y sume un análisis riguroso respecto a qué se hace con el dinero público, quién lo administra y bajo qué criterios; y cómo se genera un sistema autónomo y trasparente de fiscalización, con sanciones ejemplares para todos quienes cometan delitos e irregularidades; aspectos mínimos que, esta vez, no pueden quedar bajo la mesa.
Por Max Colodro, filósofo y analista político
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