La ministra Camila Vallejo tiene razón: en materia de seguridad y orden público el segundo gobierno de Sebastián Piñera fue un desastre. Es que los abusos e inequidades del Chile de 2019 generaron un estallido social; una catarsis que tuvo entre sus consecuencias dejar muchas zonas del país en manos del narcotráfico y del crimen organizado. Fue tal la magnitud que adquirió el malestar, que un segmento no menor de ciudadanos se sintió representado por una ola de violencia, en la que decenas de estaciones de Metro fueron quemadas, comisarías y regimientos atacados, miles de comercios saqueados y vandalizados.
La fuerza desencadenada hizo que el mundo progresista no pudiera resistirse. Así, respaldó con entusiasmo la horadación del orden público, no estuvo jamás disponible para ayudar al gobierno a controlar la violencia, impidió que las fuerzas del Estado pudieran recuperar el monopolio de la fuerza y, solo por si acaso, empujó con deleite la posibilidad de derribar al gobierno.
En paralelo e imbuido de buenas intenciones, el actual oficialismo votó en el Congreso en contra de todas de las iniciativas que buscaron apuntalar la seguridad ciudadana. En efecto, los exdiputados que hoy gobiernan rechazaron los estados de excepción, la posibilidad de que las FF.AA. resguardaran la infraestructura crítica o pudieran cuidar las fronteras. Curiosamente, las mismas iniciativas que, ahora desde el gobierno, han impulsado y que sí han contado con el respaldo de la actual oposición.
Resulta tragicómico, pero los que en su momento apostaron a que la violencia y la destrucción del orden público les permitiría imponer su agenda política, ahora culpan al gobierno anterior de no haber podido controlar la delincuencia. Los que aplaudieron o guardaron silencio mientras el país era incendiado, los que ovacionaron a la primera línea en el ex Congreso Nacional, hoy cuestionan al gobierno que intentaron derribar por no haber puesto freno al desbande. Ahora, desde la comodidad y los privilegios del poder, toman distancia de la violencia y de la delincuencia; la misma que avalaron, justificaron y contextualizaron mientras eran opositores.
Cuando resulta tan fácil cambiar de opinión y criticar lo que antes se respaldaba, quiere decir que nunca hubo convicciones. Hoy lo sabemos: la nueva forma de gobernar no era más que la oportunidad para crear una extensa red de organizaciones ideológicamente falsas, con el objeto de apropiarse de los recursos de todos los chilenos. Ahora tienen al fin la posibilidad de vivir en una realidad paralela, con sueldos millonarios, generando miles de nuevos empleos públicos para repartir entre amigos y familiares.
En síntesis, cambiaron de opinión sobre todo; confirmaron que no tenían ideas sobre nada. Apoyaron un estallido social en democracia e intentaron derribar a un gobierno elegido en las urnas. Pero, según ellos, los que dejaron al país “patas para arriba” fueron los otros.
Por Max Colodro, filósofo y analista político
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.