En su momento, el estallido social tuvo un enorme respaldo y generó gran entusiasmo. No solo fue la encarnación de un malestar masivo y transversal, sino que un sector importante de la población lo vivió con genuina esperanza. En rigor, para muchos, la violencia era el precio de un nuevo país, justificada por los abusos e inequidades de “treinta años” y, sobre todo, por el sueño de otro modelo.
Han pasado más de cuatro años y, obviamente, en todos los aspectos Chile está peor. Somos un país más violento e inseguro; casi todos los días sabemos de muertos a balazos, incluso menores de edad; los narcos y el crimen organizado controlan cada vez más territorios; las familias que viven en tomas y campamentos se han multiplicado; los liceos emblemáticos terminaron de morir, y más de 30 mil millones de dólares de inversionistas chilenos descubrieron mejores horizontes fuera de nuestras fronteras.
Pero, seamos justos: el deterioro no empezó el 18 de octubre. El país había decidido que el crecimiento económico no era una prioridad cuando la Nueva Mayoría llevó adelante una reforma tributaria que puso el impuesto de primera categoría en un 27%, por encima incluso del promedio de la OCDE. Habíamos crecido tanto desde el retorno a la democracia que podíamos darnos ese lujo. También, se respaldaron las demandas del movimiento estudiantil de 2011: fin del lucro, de la selección y del copago; desmunicipalización de los liceos y gratuidad universitaria, entre otras cosas. A más de una década del sueño de “quitarle los patines” a la clase media y promediar hacia abajo, las brechas en educación no solo no han disminuido, sino que, en algunos aspectos, han aumentado.
En paralelo, celebramos el fin del sistema binominal y su reemplazo por la proporcionalidad corregida. Ahora todos reconocen el error y el negativo impacto sobre la gobernabilidad. Tenemos un sistema político fragmentado que solo ha hecho más difícil los acuerdos y las políticas públicas de calidad. Por último, el estallido social sirvió para autoimponernos no uno sino dos procesos constituyentes. Somos el único país del mundo que en las urnas ha rechazado por partida doble una nueva Carta Magna, con un costo en materia de incertidumbre institucional enorme. Al final, a la izquierda no le quedó otra alternativa más que votar por mantener vigente la Constitución de los cuatro generales.
Hoy vivimos la ironía de que los chilenos, al parecer, empiezan a reevaluar la gestión del expresidente Piñera. Quizás, simplemente estamos descubriendo las consecuencias de una economía que casi no crece desde hace una década, y de haber “romantizado” la inmigración ilegal y del impacto de un país que apoyó de manera indolente la destrucción del orden público. Es cierto: el Presidente hoy puede efectuar un reconocimiento de sus errores y un homenaje póstumo a su antecesor. Nosotros, lo que no podremos hacer será zafar de las secuelas de las decisiones que como país hemos tomado. Merecidamente, de eso no hay escape.
Por Max Colodro, filósofo y analista político
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