Según la versión entregada por el gobierno, esta semana hemos constatado algo realmente increíble: vivimos en un país donde una persona puede simular la voz de un ministro en una llamada telefónica y, con ese solo hecho, lograr que los funcionarios de su ministerio y los guardias de seguridad privados dejen a cualquiera salir con una veintena de computadores y una caja fuerte. Todo esto, casi a la media noche, y sin que nadie exija una cédula de identidad, una firma, un registro, ni exista un protocolo para sacar material altamente sensible de una repartición pública.
Si esto ocurrió en un ministerio, eventualmente podría pasar en cualquier otro e, incluso, ¿por qué no?, en el palacio de gobierno. Si alguien lograra imitar la voz del Presidente de la República, llamar a La Moneda y dar cualquier tipo de instrucción a sus subalternos, ¿esas instrucciones también se cumplirían? ¿Esa es la tranquilidad que el Estado de Chile puede dar a sus ciudadanos?
Con todo, al gobierno lo que le preocupa es otra cosa: que no se culpe al ministro Jackson por los efectos de una supuesta “usurpación de identidad”, y que no se haga una utilización política de los hechos. En rigor, lo que se nos dice es que aquí el ministro y su repartición fueron las “víctimas” de un montaje; los delincuentes que engañaron a los funcionarios del ministerio, que se aprovecharon de “la inocencia” de sus guardias de seguridad, son los verdaderos culpables, insinuándose incluso que sectores de oposición podrían haberlos dirigido, como parte una operación política.
En simple, no hay ninguna autoridad responsable cuando una alta repartición pública es objeto de un aparente robo digno de “los tres chiflados”. Al contrario: las autoridades merecen toda nuestra solidaridad, si es que un astuto, desde la cárcel, se hizo pasar por el ministro y consiguió que a altas horas de la noche alguien rompiera las cadenas de seguridad de los computadores y los montara en un Uber; y además se llevaran una caja fuerte sin que nadie estuviera en condiciones de detectarlo y, menos aún, de impedirlo.
Eso es lo que el gobierno nos ha ofrecido como explicación y lo que espera que los ciudadanos aceptemos: que el ministro Jackson fue la víctima de un engaño y, en función de ese engaño, quedó en evidencia el nivel de vulnerabilidad al que todos estamos expuestos. Porque si esto puede ocurrirle al ministro Jackson, si son los computadores de su repartición y su caja de seguridad los que están a merced de una simple llamada telefónica, quiere decir que todos los demás estamos en tierra de nadie, sin resguardo y sin ninguna posibilidad de que el Estado nos pueda dar una mínima protección.
Estas son las implicancias de la versión que el gobierno nos ha ofrecido y pedido que aceptemos. Obviamente, hay otras hipótesis, pero son todavía más insólitas y escandalosas.
Por Max Colodro, filósofo y analista político
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