Columna de Maximiliano Santa Cruz: Sin propiedad intelectual no hay innovación; sin innovación no hay futuro

La Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado ha dado un paso correcto al abrir el debate del Proyecto de Ley de Transferencia Tecnológica, el que fue aprobado prácticamente sin discusión por la Cámara de Diputados. La propiedad intelectual (PI) es un pilar esencial en el sistema de innovación, ya que permite la apropiación de los conocimientos generados, facilitando su transferencia y comercialización. Sin un marco adecuado que incentive el uso de las herramientas de PI, el país corre el riesgo de desperdiciar los pocos recursos invertidos en investigación. Por ello, es imperativo establecer una ley que unifique el tratamiento de todos los fondos públicos relacionados con la I+D+i y que promueva activamente el patentamiento. El Proyecto de Ley de Transferencia Tecnológica, actualmente en el Congreso, es una oportunidad para ayudar a dar un salto al desarrollo.

Para entender la importancia de este proyecto, debemos comprender que las patentes son reflejo del esfuerzo innovador de un país y de la madurez de sus industrias. Por existir una fuerte correlación entre el número de patentes y crecimiento económico, ellas son consideradas en rankings e índices internacionales. A nivel latinoamericano, Chile es el tercer país que más patenta después de Brasil y México, y sube al segundo lugar si ajustamos las solicitudes de residentes por cada 100 millardos de dólares o por cada millón de habitantes. Pero nuestras cifras siguen siendo muy bajas respecto a países de la OCDE, pues rondamos solo 400 solicitudes de patentes al año.

Así, dos son los principales cambios que deben realizarse al proyecto en tramitación.

La nueva normativa debería señalar que si los beneficiarios de fondos públicos (ej. universidades, empresas, instituciones públicas o fundaciones) no protegen sus desarrollos mediante patentes, el derecho a patentar pasa a los inventores o investigadores, y si estos no quieren hacerlo, el derecho pasa a la agencia financiadora. Esto se conoce como una cadena de apropiación y existe en países como Alemania, Japón, Suecia, Filipinas, Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, EE.UU. y España. Una disposición como esta aseguraría que los resultados de la I+D+i financiada por todos los chilenos no caigan al dominio público, como lo establece el proyecto hoy.

En los últimos años los investigadores de universidades reportaron cerca de 400 inventos con potencial de patentamiento a sus instituciones, pero las universidades, en su conjunto, no sobrepasan las 120 solicitudes anuales en promedio. Es innegable que esos más de 250 inventos podrían ser aprovechados por los mismos inventores para lograr otro objetivo del proyecto, cual es que los investigadores puedan crear empresas de base científico tecnológica. Un estudio reciente de la Oficina Europea de Patentes y de la Oficina de PI de la Unión Europea concluye que “las startups europeas que solicitan patentes y/o marcas durante sus etapas iniciales o de crecimiento temprano tienen hasta 10,2 veces más probabilidades de obtener financiamiento de inversores.”

El segundo cambio consiste en que la ley debería establecer un marco legal uniforme para todos los fondos públicos de I+D+i, garantizando que existan reglas comunes y coherentes en el tratamiento de la PI. El proyecto sólo cubre los fondos que ANID entrega a instituciones de educación superior y personas naturales, dejando fuera gran parte de los fondos para I+D+i.

Al unificar y coordinar la PI en todos los fondos públicos (ej. Corfo, Ministerios de Ciencia, Defensa, OO.PP.), se evitarían duplicaciones, se mejoraría la eficiencia en el gasto y se medirían de mejor forma los resultados de investigación, obteniendo un mayor retorno de la inversión en I+D+i. Con un marco tal se esperaría que la tasa de patentes en Chile y en el extranjero aumente significativamente, fortaleciendo la posición del país en el ámbito de la innovación global. La ley efectivamente facilitará la transferencia de tecnología desde los centros de investigación hacia la industria, impulsando la creación de nuevos productos y servicios que mejoren la competitividad de las empresas chilenas en el mercado global. Capturar los desarrollos financiados por todos los chilenos mediante el sistema de patentes es la mejor forma de servir el interés público.

Por Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, abogado