El martes pasado, el Presidente -en una escena muy cuidada -, reanunció en cadena nacional, lo que ya había adelantado en varias ocasiones anteriores, que el gobierno insistiría en realizar una reforma tributaria, pero que esta vez se había arribado a lo que ahora comenzó a llamar como un Pacto Fiscal para el Desarrollo y el Bienestar, después de haber sostenido reuniones y haber escuchado a diversos actores.
Desde el punto de vista de las formas, llama la atención que el Presidente presente su pacto (que de acuerdo a la RAE es un acuerdo o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado) sólo, sin compañía de las partes con las que se pactó, y que además -en su discurso- decida increpar abiertamente a una de las partes con la que deberá negociar posteriormente, si de verdad busca que su pacto sea aprobado, a menos que …
A menos que de antemano no tenga intenciones de hacer los cambios necesarios para llegar a un acuerdo, y que la performance del martes no sea más que una puesta en escena para posteriormente poder argumentar que no se logró sacar adelante la reforma tributaria, y por tanto, avanzar en las promesas de campaña, por culpa de “los de siempre”.
Esto es consistente con el hecho de que, en cuanto a tributos, aparte de haber pospuesto el impuesto a los súper ricos, no hay cambios observables entre la reforma tributaria rechazada en la Cámara, y el nuevo pacto anunciado por el Presidente. Es cierto que el anuncio incorporó los conceptos de crecimiento económico, eficiencia en el gasto fiscal, productividad y reducción de la informalidad, lo que es un gran logro, pero ni el discurso del Presidente, ni en la presentación posterior del ministro se nombra alguna medida concreta respecto a cómo se van a lograr dichos objetivos, ni tampoco muestra algún número.
Por otro lado, antes de evaluar la propuesta de gobierno es necesario establecer que ésta solo es buena para Chile si genera más crecimiento. De este modo, si el pacto fiscal provoca una caída en el crecimiento, y por tanto, incrementa el desempleo, ese pacto es malo para los chilenos y debe ser rechazado sin transar, y es imposible evaluarlo si no se sabe a ciencia cierta cuál es la propuesta real del gobierno y solo conocemos su bajada comunicacional muy general.
Sin embargo, basta de hacernos los ciegos y sordos. Antes de discutir cualquier pacto, el gobierno debe responsabilizarse de hacer lo necesario para trasparentar el tema fundaciones, y solo una vez que los chilenos veamos que se terminó de investigar el mecanismo por donde se roban nuestra plata, que se castigó a los culpables y que se cambiaron las normas para que esto no vuelva a suceder, recién una vez que los chilenos volvamos a confiar en que nuestros impuestos serán bien utilizados, recién ahí se podría empezar a conversar de un pacto.
Cómo de lo anterior el gobierno no ha dicho nada, ni el martes ni después, y la propuesta de Pacto Fiscal solo es más de lo mismo, queda la amarga sensación que el pacto del gobierno consigo mismo, fue solo un voladero de luces para desviar la atención del tema de los fraudes por fundaciones.
Por Michèle Labbé, investigadora Facultad de Gobierno y Economía U. San Sebastián
