Columna de Miriam Henríquez: 8 de marzo, balance y llamado a la acción
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para aquilatar los adelantos que como sociedad hemos logrado en uno de los principales retos que tenemos en materia de derechos humanos: la igualdad de género. Como avances, podemos subrayar una serie de leyes recientemente aprobadas relacionadas con cuidados, trabajo decente, representación política de las mujeres y violencia de género.
Iniciando el recuento, el hito más próximo es la entrada en vigor de la ley que promueve la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que permitirá a cientos de trabajadoras que desempeñan labores de cuidado no remunerado que todo o parte de su jornada laboral pueda ser desarrollada bajo la modalidad de teletrabajo, así como otras medidas de flexibilidad.
También del año 2023 destaca la entrada en vigencia de la conocida ley “Papito Corazón”, cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de cobro de las pensiones de alimentos adeudadas y generar una cultura de responsabilidad de los padres que no viven con sus hijos tanto en la provisión de los cuidados como en el pago oportuno de dichas pensiones. Esta ley fue precedida por aquella que en 2021 creó el Registro de Deudores de Alimentos.
En 2020 y 2022 se concretaron reformas constitucionales para que los órganos constituyentes de sendos procesos constitucionales fueran paritarios. Así, tanto la Convención Constituyente, el Consejo Constitucional, la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad estuvieron integrados equilibradamente por hombres y mujeres. De este modo se reconoció el aporte de las mujeres no solo en el ámbito deliberativo de órganos electos, sino también en el ámbito técnico de aquellos órganos cuyos integrantes son nombrados. De esta forma, y gradualmente, se abre paso en nuestro país a una cultura de democracia paritaria que debe ser reforzada y resguardada.
Por último, en esta apretada síntesis, corresponde recordar que en 2020 comenzó a regir la llamada “Ley Gabriela”, que amplió el marco legal para que se considere como autor de femicidio a quien, con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género, mate a una mujer, y no solo cuando es su cónyuge o conviviente.
Pero el 8 de marzo no solo es una oportunidad para congratularnos, es sobre todo una ocasión para visualizar los desafíos e insistir en la urgencia de remover los obstáculos e inercias que impiden avanzar en otros cambios legales necesarios. Por ejemplo, aquellos vinculados con el derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia; a la plena capacidad de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal; a la participación de mujeres en los directorios de las empresas privadas; a la prevención y sanción de la violencia digital de la que son víctimas generalmente las mujeres, entre otros. Todos estos asuntos se contienen en proyectos de ley actualmente en tramitación.
El llamado a la acción invita a trabajar de manera colectiva y decidida para avanzar en un rumbo en el que todas las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Para lograrlo es necesario el compromiso inquebrantable de todos los sectores y partes interesadas de la sociedad que, en una fecha como esta, merece renovarse.
Por Miriam Henríquez, decana Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado