El trabajo del Consejo Constitucional junto a la Comisión Experta está en marcha. Sin embargo, existe una preocupación permanente sobre la motivación de la ciudadanía como parte del proceso constituyente. La elección de los consejeros hace que el proceso sea representativo, pero los estándares actuales de cambio constitucional son más rigurosos y exigen como elemento básico una participación ciudadana incidente y oportuna.
Ciertos aspectos del diseño del proceso participativo son acertados, otros constituyen un reto por su acotada ejecución. Pero, sin dudas, el principal desafío es que una ciudadanía fatigada y distanciada con el cambio constitucional se entusiasme, se informe, se interese y concurra con su opinión. Una decisión apropiada de la configuración fue encomendar a las universidades la tarea recoger y sistematizar la participación ciudadana, bajo la coordinación de las universidades de Chile y Católica de Chile, que conforman la Secretaría de Participación. La actual desconfianza en las instituciones se contrapone con la alta credibilidad de que gozan las universidades. La encuesta ChileDice (Universidad Alberto Hurtado y Criteria, 2022), aplicada tras el plebiscito ratificatorio de 2022, dio cuenta que las universidades eran las instituciones mejor evaluadas para liderar el actual proceso constituyente alcanzando un 67%. Además, las universidades regionales permiten la descentralización de aquella participación.
La etapa participativa se desarrollará en un tiempo breve y a través de mecanismos concretos con base en el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta. Entre el 7 de junio y el 7 de julio deberán celebrarse la consulta y los diálogos ciudadanos, las audiencias públicas solicitadas y manifestarse las adhesiones a las iniciativas populares de norma previamente inscritas y declaradas admisibles. Las cifras son menores a las esperadas, pero igualmente auspiciosas. Se recibieron más de 1.800 solicitudes de audiencias públicas, las que se realizarán entre el 30 de junio y el 1 de julio ante el Consejo y simultáneamente en las 40 universidades acreditadas de todo Chile. Además, se inscribieron casi 1.200 iniciativas populares de norma respecto de todos los capítulos del anteproyecto, incluso sobre las normas transitorias. Entre el 23 de junio al 7 de julio, las personas y organizaciones de la sociedad civil deberán lograr las firmas exigidas para que estas iniciativas sean discutidas por el Consejo Constitucional. Diez mil firmas apoyando, es un umbral alto en el actual contexto y lo ideal es que sean varias las iniciativas que logren que sus propuestas sean consideradas en el trabajo del Consejo.
Como se advierte, la participación ciudadana es fundamental para darle legitimidad al proceso constitucional, para integrar la diversidad de visiones de las que hoy carece la composición del Consejo Constitucional y más adelante, si se aprueba el texto, para facilitar su plena aplicación. En esta etapa, es clave que la ciudadanía perciba que su opinión puede incidir oportunamente en la discusión que llevan adelante los órganos constituyentes. Solo así podrán sumarse más voces.
Por Miriam Henríquez, decana Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
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