Recientemente la encuesta “Chile Dice”, realizada por el Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y Criteria, resaltó la irrupción de dos nuevos actores en el próximo proceso constituyente: los expertos y las universidades. Los primeros, vinculados con la integración del órgano cuya misión será redactar la nueva Constitución; y, los segundos, con el liderazgo del proceso.
Ya existe acuerdo político para que un grupo de 14 expertas y expertos conformen el comité técnico de admisibilidad, previsto para controlar el cumplimiento de las bases acordadas como “bordes” del texto constitucional. Cuestión distinta es si otros especialistas integrarán el órgano constituyente y si ejercerán el poder constituyente con derecho a voz y voto o solo asesorarán.
La mencionada encuesta revela que la opinión de la ciudadanía se divide a la hora de definir la integración del futuro órgano constituyente. A la pregunta: ¿Quiénes deberían integrar el órgano encargado de redactar la nueva Constitución? Un 47% respondió un órgano mixto, con miembros electos popularmente y por expertos. Un 43% prefirió una comisión de expertos electos. En tanto un órgano enteramente electo, como lo fue la Convención Constitucional, solo fue preferida por un 25% de los encuestados. La opción de una comisión de expertos designados por el Congreso Nacional llegó a un 22%; y solo un 4% se inclinó por los parlamentarios. Estos resultados colocan en duda la posición sostenida por la mayoría de las fuerzas políticas tras el plebiscito, las que se inclinaron por un órgano completamente electo. Pero al mismo tiempo desechan que los parlamentarios en ejercicio integren la nueva Convención.
Vinculado nuevamente con la expertise, surgen las universidades. Ante la pregunta: ¿Cuál de las siguientes instituciones que podrían liderar el proceso constituyente debería tener el rol principal? La encuesta muestra que las universidades y centros de pensamiento se erigen con un 32% de las preferencias ciudadanas. Mientras que el Congreso Nacional le sigue con un 22% y el Presidente de la República con un 17%. Las municipalidades y los partidos políticos se distancian con apenas 5% y 4% respectivamente. Un 20% estima que ninguno de los anteriores debiera tener un rol de liderazgo en este ámbito. Estos resultados muestran que la ciudadanía prefiere una conducción institucional del proceso y no por los movimientos sociales.
Con respecto a las universidades, se aprecia que la ciudadanía aspira a que éstas no solo acompañen el proceso, sino que cumplan un rol principal: de liderazgo. Por su carácter diverso y plural, probablemente ven en ellas un espacio propicio para el diálogo. Por el conocimiento multidisciplinar que cultivan, quizás estimen que podrían contribuir a la reflexión especializada sobre asuntos complejos como son los constitucionales. Asimismo, podrían ser nuevamente un ámbito democratizador de la información sobre los contenidos que se propongan, los que suelen no ser accesibles para muchos.
Como se advierte, el desafío para quienes deben acordar el diseño del futuro proceso constituyente es si incorporarán -o no- a estos nuevos actores. Y, en su caso, cómo y con cuál objetivo.
Por Miriam Henríquez, decana Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado
