Columna de Miriam Henríquez: Para no tropezar con la misma piedra

Ayer, 6 de marzo, se instalaron e iniciaron su labor la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad. En mayo conoceremos a quienes integren el Consejo Constitucional. ¿Qué experiencias podrían considerar estos órganos del proceso anterior? Es una de las grandes interrogantes al comienzo de este nuevo proceso.

Como sabemos, el texto constitucional rechazado no plasmó la visión conservadora de parte del país. Ello se explica por una subrepresentación excepcional de la derecha en la Convención Constitucional, la que, sin embargo, sí está representada en el Congreso Nacional y presente en la sociedad. Entonces, la primera lección nos dice que escribir una Constitución, como un pacto político y social, necesita que ninguna fuerza política deje de comparecer. Un pacto social requiere de la representación de todos los sectores, por cierto, respetando los acuerdos mayoritarios.

En el pasado proceso constituyente se propusieron una multiplicidad de cambios profundos. Y todo cambio suele provocar incertidumbre. La segunda lección es que el contenido del nuevo texto mantenga cierto equilibrio entre continuidad y cambio constitucionales. La propuesta deberá resolver la tensión entre las legítimas aspiraciones de transformación y las demandas de preservación del estatus actual, de modo que el proyecto conjugue de la manera más armónica lo bueno que tenemos con lo que debiésemos alcanzar en la Carta Fundamental.

Por otro lado, en el proceso pasado, parte de la ciudadanía percibió desorden, falta de rigurosidad técnica y polarización en la Convención, lo que generó en muchas personas una resistencia al texto incluso antes de conocerlo. Una forma de evitar que la ciudadanía experimente la misma sensación es que el Comité Técnico de Admisibilidad sea requerido excepcional y muy justificadamente. Por otro lado, el árbitro de este proceso debiera darle un sentido y alcance a las bases constitucionales como un punto de partida y no como un borrador a completar. Hacerlo de otro modo implicaría olvidar que, aunque institucional, estamos ante el ejercicio de un poder constituyente.

La falta recursos para la puesta en marcha de la Convención y para la difusión del texto fueron un grave déficit en el proceso pasado. Una cuarta lección, es que el nuevo proceso cuente en todas sus instancias con la asesoría técnica, apoyo financiero y administrativo que correspondan; así como con los medios necesarios para lograr una adecuada, oportuna y veraz difusión de aquel, máxime si el proceso culminará nuevamente con un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio.

Finalmente, en el anterior proceso, las normas transitorias se discutieron de forma acelerada y se aprobaron casi al término del plazo fijado. La última lección, es que la reflexión sobre tan importante asunto debe acometerse desde un primer momento y no dejarlo para el final. El diseño de la transición constitucional será, más que los contenidos, la mayor justificación y legitimación de la existencia de una Comisión de Expertos. Ello contribuirá a medir la profundidad, factibilidad e implementación de los cambios que se propongan.

Por Miriam Henríquez, decana Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado