Los resultados del Censo 2024 nos permitirán conocer con mayor precisión la disminución de la natalidad en Chile, el envejecimiento de nuestra población y la cantidad de personas que requieren cuidados.
En las últimas décadas, en nuestro país los nacimientos han decrecido de 5 a 1,8 hijos por mujer y la esperanza de vida ha aumentado a 80,5 años en promedio (OMS, 2016). Según la encuesta Casen 2022, el 4% de la población de 15 o más años presenta algún grado de dependencia funcional, siendo esta prevalencia mayor en el grupo de 60 o más años, alcanzando un 13%. Además, en el 71,7% de la población dependiente, el cuidado y la asistencia son brindados por mujeres (Observatorio Social, Subsecretaría de Evaluación Social, 2023). Por otro lado, la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral (52 % en 2022) y los cambios en las estructuras familiares han generado una disminución en la disponibilidad de cuidados que solían ofrecer las familias y, dentro de ellas, las mujeres.
A pesar de los múltiples desafíos que enfrentamos -la seguridad, el desempleo, las bajas pensiones y la crisis de las Isapres-, es crucial prestar atención a estos datos, porque el crecimiento acelerado del envejecimiento tiene un impacto significativo en el aumento de la dependencia y las necesidades de cuidado, mientras que, al mismo tiempo, se reduce el número de personas potencialmente cuidadoras. En este contexto, es fundamental trasladar el problema desde el ámbito familiar al público, reconocer el valor del trabajo de cuidados, la corresponsabilidad social y la responsabilidad del Estado en su organización.
La crisis de los cuidados plantea una serie de desafíos de mediano plazo que, en Chile, se redoblan por la ausencia de un verdadero Estado de bienestar. Estos retos implican corregir la desigual distribución de las tareas de cuidado que afecta principalmente a las mujeres; cerrar la brecha entre las necesidades de cuidado y los recursos disponibles; ampliar la cobertura y el acceso a las prestaciones; garantizar recursos suficientes para brindar cuidados de calidad; promover la autonomía económica, y combatir la pobreza asociada a la organización de los cuidados. En el corto plazo, también corresponde evaluar la eficacia de la recientemente implementada Ley 21.645 sobre conciliación entre vida familiar y laboral; y aprobar iniciativas como el proyecto de sala cuna universal que aspiran a la educación de la primera infancia y a promover la igualdad de oportunidades laborales para las mujeres.
El estudio de estas temáticas es el objetivo del recientemente creado Programa de Derecho y Cuidados de la Universidad Alberto Hurtado. A través de esta plataforma de investigación interdisciplinaria se busca abordar a los cuidados desde una perspectiva de derechos humanos, tanto de quienes requieren cuidados como de las personas cuidadoras, para luego enfocarse en las regulaciones necesarias que los garanticen en condiciones de calidad y equidad.
Es imperativo que, como sociedad, desde nuestras distintas posiciones e instituciones, asumamos la urgencia de los cuidados y trabajemos mancomunadamente para garantizar un sistema que responda a las necesidades de todas las personas.
Por Miriam Henríquez, decana Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
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