La convocatoria y reciente reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) no es la medida más efectiva para resolver los problemas de seguridad que nos aquejan, pero sí ha sido la más bullada, atendida la negativa previa y explícita del gobierno de recurrir a él.
Las reticencias iniciales de citar a la institución se originan y remontan a la Constitución de 1980 anclada en la doctrina de la seguridad nacional. Sin embargo, su fisonomía y naturaleza cambió rotundamente tras la reforma constitucional de 2005. Ya no se autoconvoca, ni tiene la mayoría absoluta de los votos militares, tampoco cuenta con atribuciones de nombramiento de autoridades ni presta acuerdo para declarar estados de excepción constitucional. Hoy es un órgano no resolutivo ni deliberativo, sino asesor de la Presidencia sobre asuntos de seguridad nacional. No tiene carácter permanente, por el contrario, se ha reunido solo en tres ocasiones tras aquella reforma, siendo la última vez en noviembre de 2019 con motivo del estallido social.
Este lunes, el Cosena se dio cita en torno a una temática muy concreta: analizar la mejor forma de implementar el proyecto de ley sobre infraestructura crítica que se tramita en el Congreso Nacional y que supone la colaboración de las Fuerzas Armadas en las tareas de resguardo del orden público y la seguridad interior de las policías. En esta instancia expusieron sus pareceres los representantes de los principales poderes del Estado y de las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa nacional. Además del Presidente Boric, concurrieron los timoneles del Senado, de la Cámara de Diputadas y Diputados, de la Corte Suprema, y de la Contraloría General de la República, así como los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros; también participaron como invitados las ministras y subsecretarios del Interior y de Defensa, y el director general de la Policía de Investigaciones.
La ley sobre infraestructura crítica regulará los contenidos de una de las varias reformas constitucionales que entraron en vigencia en 2023. Puntualmente, aquella que faculta al Presidente de la República a disponer que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de infraestructura estratégica para el país cuando exista peligro grave o inminente a su integridad. Lo más controvertido de este proyecto es la participación de las FF.AA. en tareas que no les son propias y, por ende, donde existen dudas en torno a sus atribuciones para ejecutar las medidas de protección, los procedimientos y las reglas del uso de la fuerza. Esto último, precisamente, fue uno de los principales puntos expuestos en la reunión, que se vincula con otro proyecto de ley que se tramita actualmente y que está paralizado en el Senado.
Si bien la convocatoria y reunión del Cosena no implica en sí misma el despliegue de las Fuerzas Armadas ni tampoco una solución directa a la creciente delincuencia, sí hace evidente la urgencia con la que el Congreso Nacional debe atender los distintos proyectos de ley sobre seguridad, pero sobre todo simboliza el apremio del gobierno ante la crisis de seguridad pública y la voluntad de avanzar desde un abordaje transversal e integral.
Por Miriam Henríquez, decana Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
