Columna de Nairbis Sibrian Díaz y Manuel Hernández: El ajedrez mediático de los últimos 25 años en Venezuela
Tal y como se actúa frente a un tablero de escaques, el actual régimen venezolano –desde el gobierno chavista– ha logrado minar la institucionalidad del país y erosionar su sistema de medios gracias a un paulatino movimiento de piezas que, año tras año, regula en favor del control político estatal y no del bien común.
La disputa sobre el control de los medios fue clave para crear las actuales condiciones políticas en Venezuela. Su acción más clara comenzó en 2004, con la aprobación de la Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión. La oposición la denominó “Ley mordaza” por sus posibles efectos negativos sobre la libertad de expresión. En cambio, el gobierno la llamó “Ley resorte”, al considerar que acabaría con el oligopolio mediático e impulsaría la producción nacional independiente.
Seguidamente, aparece la Ley de Telecomunicaciones, que exigía a los canales de televisión renovar sus concesiones, vigentes o no, frente al Ejecutivo.
Gracias a este tipo de leyes, en 2006 no se renovó la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV), la cual terminaría el día 27 de mayo de 2007. Asimismo, en 2013 el canal Globovisión, crítico al chavismo, fue vendido a grupos políticos afectos al oficialismo.
Estos son sólo algunos casos de medios censurados, pero desde el pasado 28 de julio ya suman 12 los sitios web bloqueados. Asimismo, organizaciones no gubernamentales como Espacio Público señalan que, en las últimas dos decadas, se han cerrado 400 medios de comunicación.
La astucia de estas legislaciones es que manipulan nociones como “discurso de odio” para controlar actos del habla considerados derogatorios hacia autoridades de gobierno. Además, establecen sanciones frente a lo que consideran “propaganda de guerra”, “manipulaciones mediáticas”, “desconocimiento de autoridades”, “irrespeto a Poderes Públicos”, o “que pudieran inducir al magnicidio”.
Concretamente, penalizan por publicar cualquier contenido percibido “contrario a la seguridad de la nación” y se utilizan para defender al Ejecutivo. Estas leyes permitieron la condena de Leopoldo López en 2015, quien fue juzgado por un delito de opinión y cuya sentencia refiere el artículo 285 del Código Penal venezolano, donde se estipulan penas asociadas a “desobediencia de las leyes o su incitación entre sus habitantes”.
En 2017 surge la Ley Contra el Odio, aprobada por unanimidad en la Asamblea Constituyente de Venezuela, conformada mayoritariamente por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con penas de hasta 20 años para quienes inciten a la violencia.
Estas regulaciones aplican a internet y permiten filtrar o suspender páginas infractoras, conllevando a que Nicolás Maduro suspenda a la red social X, promueva la eliminación de Whatsapp y levante alertas sobre Instagram y TikTok al calificarlas como herramientas “para instalar el odio y generar un golpe de Estado ciberfascista”.
Además, la Asamblea Nacional venezolana aprobó la semana pasada un proyecto de ley que busca regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de las redes sociales.
Bajo este contexto, se han encarcelado cerca de dos mil personas (incluidos periodistas), han detenido reporteros y deportado a corresponsales extranjeros, como el caso del periodista chileno Iván Núñez y su equipo. Ante ello, periodistas venezolanos han recurrido a la inteligencia artificial para mantener informada a la población y combatir la censura.
En resumen, legislaciones que en otros contextos sirven para proteger el derecho a la información, en este escenario se transforman en mecanismos censuradores que han puesto en jaque la democracia. Sirva este ejemplo para advertir sobre la complejidad que supone la regulación mediática a manos de grupos proselitistas.
Por Nairbis Sibrian Díaz, académica de Periodismo, Universidad del Desarrollo y Manuel Hernández González, periodista y magíster en Periodismo Escrito de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
