Columna de Natalia González: Los niños no están primero

Los niños no están primero. Ello es devastador para los escolares, sus familias y para el desarrollo del país. Últimamente, no tener clases es parte del paisaje. No podemos tolerarlo.

Como consecuencia de la violencia del mal llamado estallido social, los colegios estuvieron cerrados durante muchas jornadas. Luego vino la pandemia, siendo Chile uno de los países con la suspensión de clases más prolongada a nivel mundial. En efecto, aún persiste el desafío de recuperar los niveles de asistencia previos a 2020. Penoso es recordar cuán resistida fue la vuelta a clases por el Colegio de Profesores y un sector de la política.

Hoy se adicionan los desafíos asociados a las dificultades en la instalación de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y los días en que los colegios no funcionan por cuestiones completamente insólitas (funerales narco, lluvias, extensa preparación de los establecimientos educativos para actos electorales -no habiendo necesidad de aquello- o por los reiterados sucesos de violencia que ocurren al interior de diversos recintos escolares).

Y como un fenómeno reiterado y constante en el tiempo: las paralizaciones docentes. El impacto de la pérdida de clases por esta causa, tanto en lo inmediato como en el largo plazo, es enorme (Belot y Webbink, 2010; Johnson, 2011; Baker, 2013; Jaume y Willen, 2017; Gaete, 2018; Arzola y Troncoso, 2022). En Chile, afectan a la educación pública perjudicando a los escolares más vulnerables, lo que profundiza la brecha entre el desempeño de quienes las sufren y los que no, incrementando los desiguales resultados, que exceden con creces el ámbito académico (psicológicos, nutricionales y de seguridad).

En cualquier contexto, pero sobre todo en el actual, las paralizaciones convocadas por el Colegio de Profesores (que tiene una representación bajísima del total de docentes), como la realizada en la comuna de Santiago, constituyen una medida de presión inaceptable. Los niños no pueden ser escudo para la reivindicación de demandas laborales o salariales (no pudiendo descartarse, desafortunadamente, motivaciones políticas).

Por cierto, estos paros no son novedad, menos una curiosidad, y continuarán. Sin embargo, lo que es curioso y alarmante es que no existan alternativas reales para las familias (revertir las gruesas cortapisas legales para la creación y funcionamiento de colegios particulares subvencionados es una alternativa) y que la autoridad no sea capaz de hacer imperar el orden en los establecimientos que otrora eran valiosas instituciones, motores de la movilidad social.

Los recientes resultados del Simce, positivos en algunos niveles, pero preocupantes en otros, deben ser un llamado a la acción y no un espacio para el conformismo.

El año electoral es una oportunidad, aunque debiera existir una visión común y de largo plazo. Liberar a las familias, recuperar la asistencia y los niveles de aprendizaje, y volver a empujar el mérito como motor esencial de la trayectoria educativa deben ser prioritarios.

Por Natalia González, Faro UDD