Jugar con las reglas, a conveniencia, o desatenderlas tiene un efecto devastador. Como enfatizaba Carlos Peña alguna vez, los países dependen en buena medida de su trayectoria, y la que se está dibujando en Chile, hace algunos años, está torcida.
Una ministra de Estado y una senadora en ejercicio celebran un contrato con el Estado chileno (autorizado, además, mediante decreto supremo del Presidente de la República), en abierta y flagrante infracción al texto expreso de la Constitución y, en principio, el oficialismo espera que esta se dé por saldada con la salida de la ministra de Bienes Nacionales, fuera de considerar que cualquier intento ante el Tribunal Constitucional (TC), o una eventual acusación constitucional contra la ministra, serían jugadas políticas hechas solo para dañar la figura del Presidente Allende.
Pero el daño no lo infligen quienes exigen el respeto por la Constitución, sino quienes la infringen. En este sentido, la salida de la ministra de Bienes Nacionales constituye un antecedente de responsabilidad relevante para la eventual cesación en el cargo de la senadora Allende y para exigir la responsabilidad política de la ministra Fernández.
La buena o mala fe de quienes infringieron la Constitución al celebrar la compraventa no es relevante para efectos de la disposición constitucional. Tampoco si hubo tradición (modo de adquirir el dominio) o si se celebró a precio de mercado (sin perjuicio que algunas de estas consideraciones podrían ser importantes para eventuales otros ilícitos que pudieran configurarse), sino que basta la celebración y la compraventa se celebró, de eso no hay duda, al punto que el gobierno busca resciliarla.
Estando el Estado de Derecho en juego, es llamativo que solo la UDI y Republicanos hayan decidido accionar ante el TC respecto de la senadora y que todos aparezcan complicados con interponer una acusación constitucional contra la ministra (si se persigue la responsabilidad de la senadora ¿por qué no, y en el Congreso, la de la ministra, que ha incurrido en la misma falta?). Las razones explicitas o implícitas esbozadas a la fecha (mayorías imperantes en el TC, ambiente de concordia para el acuerdo de pensiones) no justifican la inacción. Asimismo, si el texto es objetivo, ¿por qué crear una comisión investigadora?, ¿para investigar qué, si el hecho es notorio y flagrante a la luz del texto constitucional?
Y nos queda el TC, que interviene para dar certeza jurídica al debido proceso sancionatorio, y al que no le queda más remedio, a mi juicio, que declarar lo inevitable. Ello pues, aun cuando la sanción es grave (en términos de lo que implica para la representación política-democrática), lo cierto es que quien tenía el primer deber de cuidar ese valor es el representante (la senadora) que, inexplicablemente, lo descuidó. Por lo demás, le asiste al partido el derecho de designar a su reemplazante en el Congreso.
No se saca nada con tener un Estado de Derecho (ni guardianes de su cumplimiento) de papel. Las reglas están para ser cumplidas. Igualdad ante la ley, punto.
Por Natalia González, Faro UDD
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