El ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, ha sido formalizado por graves delitos como son el de violación y abuso sexual, ambos en calidad de consumados que, de ser acreditados, lo harán acreedor a una dura sanción contemplada en nuestra legislación. No obstante, vale la pena detenerse a analizar su actual situación, producto de la medida cautelar de prisión preventiva decretada en su contra.
¿Era coherente que el ex subsecretario de Interior cumpliera prisión preventiva en una cárcel común? Por supuesto que no. Sabido es que, en los últimos años, ha surgido y fortalecido su presencia en Chile el fenómeno delictual del crimen organizado; quizá el desafío más apremiante para el Estado en materia de seguridad y una verdadera amenaza para la democracia.
A este respecto, la Fiscalía ha desplegado una lucha sin cuartel contra este tipo de bandas, desarticulando y encarcelando a sus muchos de sus líderes e integrantes. La evidencia indica que existen cerca de 1.600 bandas criminales dentro de las cárceles, y de estas, al menos 600 estarían activas perpetrando delitos. El aumento de bandas del crimen organizado acrecienta el riesgo de malas prácticas dentro de los penales, no sólo entre internos, además, este contacto criminógeno y actuar delictivo ha permeado a funcionarios de Gendarmería. En efecto, en marzo de 2023 se marcó el récord de 56 funcionarios expulsados.
Fruto de lo anterior, la población penal ha ido modificando su fisonomía conductual, con reclusos más agresivos, indolentes, muchos de ellos extranjeros, quienes han llegado acompañados de incivilidades y cruentas modalidades delictivas como la extorsión, la tortura, asesinatos, y el reclutamiento criminal entre reos y facciones delictivas. Lamentablemente la cárcel sigue siendo la universidad del delito y la casa matriz del crimen organizado y el narcotráfico.
En consecuencia, ¿era prudente y en resguardo de las garantías procesales del ex subsecretario, derivarlo a una cárcel común con una población penal potencialmente vinculada a este tipo de organizaciones delictivas? Evidentemente no.
Sin que signifique el más mínimo ápice de defensa en su favor, es dable señalar que el ex subsecretario Monsalve, junto a la ministra Tohá, dieron vida a la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado, en la especie, un esfuerzo coordinado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública que reúne a 17 instituciones del Estado.
Fácil es comprender que el crimen organizado sigue operando en muchas cárceles del país y no era descartable que algunas de sus facciones hubiesen querido accionar directamente o encargar el hostigamiento, la amenaza, la extorsión y eventualmente la ejecución, por mano propia o vía sicariato, del ex subsecretario, como una forma de demostrar su venganza, crueldad, operatividad y poder intrapenitenciario.
No olvidemos que nuestra legislación establece que la prisión preventiva se ejecutará en establecimientos especiales, diferentes de los que se utilizan para los condenados o, al menos, en lugares absolutamente separados de los destinados para estos últimos. Además, estipula que el imputado debe ser tratado en todo momento como inocente y que la prisión preventiva se cumplirá de manera tal que no adquiera las características de una pena, vulnere el principio de inocencia, ni provoque otras limitaciones que las necesarias para evitar la fuga.
A mayor extensión, existe normativa aplicable a civiles y funcionarios de Carabineros, de la PDI, y del mundo militar, que los exonera de cumplir prisión preventiva o condenas en cárceles comunes, por el peligro que ello representa para su seguridad personal.
A lo anterior se agrega que, en el caso Monsalve, la decisión de haberlo trasladado al anexo penitenciario Capitán Yáber no sólo obedeció al resguardo de su integridad durante la tramitación del proceso penal, sino que también a minimizar la posibilidad que, durante su reclusión, sea amenazado, extorsionado o forzado a divulgar información altamente sensible que puede comprometer el interés nacional.
Por Neftalí Carabantes, ex subsecretario de Carabineros y académico U.Central
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