Columna de Nicola Borregaard y otros: El precario escenario de la distribución eléctrica: la reforma que ya no puede esperar

La falta de suministro eléctrico de los últimos días ha sido dramático y las acciones tomadas para enfrentar la crisis seguirán dejando huellas en los siguientes meses en el sector.

Sin embargo, debemos velar porque la contingencia y lo urgente no nublen, una vez más, lo importante. En Chile, la regulación del segmento de distribución eléctrica no se ha reformado en forma relevante por más de 40 años. Y si bien, desde hace más de una década se comenzó a trabajar, en distintos momentos y con variados grados de priorización, la esperada reforma a la regulación de la distribución eléctrica para tener un sector a la altura de los desafíos de un mundo en constante cambio, nunca se ha logrado llegar a puerto.

En 2016 el Ministerio de Energía inició la elaboración de propuestas de reformas a la distribución que se basaban en la convicción que el futuro de los sistemas de distribución sería más complejo, incierto y dinámico. Pilares del diseño de estas propuestas de reforma incluyeron tarifas eficientes y competitivas, incentivos a la inversión y la competencia, consistencia entre incentivos y exigencias, gradualidad de implementación y no retroactividad. A estos temas se debiese agregar con más fuerza el robustecimiento de la resiliencia frente a catástrofes naturales.

Lamentablemente, estos esfuerzos por reformar no lograron fructificar. Ello, no solo por la alta complejidad de los temas, sino también por la falta de voluntad y prioridad de diversos gobiernos, así como por contingencias en la distribución y en el sector energético en general. Finalmente, estos esfuerzos se detuvieron en 2019 cuando se optó por una Ley Corta que se dirigió meramente a modificar la rentabilidad de las distribuidoras y algunos aspectos del proceso tarifario. Sin embargo, esta ley no solo no mejoró el panorama, sino que empeoró la situación, consolidando un modelo basado en una empresa virtual que, como señala un estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería liderado por Ronald Fischer y Rodrigo Moreno, se aleja significativamente de la realidad, exponiendo a las empresas reales a riesgos considerables y desincentivando aún más las inversiones en calidad. Por tanto, la necesaria reforma al sistema de regulación, remuneración e incentivos de las distribuidoras, que es lo que realmente se requiere para mejorar la calidad y sustentabilidad del servicio, sigue pendiente.

Es evidente que para lograr una transición energética inclusiva que entregue energía más limpia para todos, una mayor digitalización, y que sea adecuada para enfrentar la crisis climática, es necesario sentar las bases para poder aumentar la electrificación a nivel residencial en forma confiable.

Debemos retomar el rumbo y darle la debida prioridad a reformar la regulación de este segmento tan importante para asegurar la sostenibilidad del sector energético.

Por Nicola Borregaard (directora del proyecto Ceela), Rodrigo Castillo (Director Académico del Magíster en Regulación, UAI), Annie Dufey (Espacio Público) y Diego Luna (Especialista en Política y Gobernanza de Manomet).