A mediados de octubre de 2024, el Ministerio de Educación presentó al Colegio de Profesores y Profesoras su propuesta de reparación de la Deuda Histórica con el Magisterio. Este es el nombre con que se conoce el perjuicio salarial sufrido por miles de docentes de escuelas públicas durante la Dictadura, cuando la administración de los establecimientos educacionales fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, y los nuevos empleadores desconocieron el reajuste salarial contemplado en ese proceso.
Hasta hoy habían pasado casi 40 años sin que el Estado atendiera esta injusticia.
La propuesta del Ejecutivo fue sometida a plebiscito, tal y como el Colegio de Profesores y Profesores había prometido para no tomar ninguna decisión sin considerar la opinión de las y los afectados. De un total de 27 mil votantes, el 82% (más de 22.000) se manifestó a favor de la reparación, que contempla un pago de $4,5 millones a cada docente afectado vivo y considera algún tipo de transmisibilidad en caso de que el o la titular fallezca durante su etapa de pago. Desde la aprobación de la iniciativa, se proyecta que el Estado saldará esta deuda en un plazo de seis años.
Si bien estamos conscientes de que esta es una reparación simbólica, también cabe reconocer que se trata de un hecho histórico. Esta es la primera vez desde el retorno a la democracia que un gobierno pone sobre la mesa una propuesta concreta, ofreciendo un monto, contando con una nómina certificada de beneficiarios, y estableciendo una temporalidad razonable para el cumplimiento.
Es también un hecho histórico porque el proceso de elaboración y aprobación de la fórmula recoge lo mejor de nuestra tradición democrática. Porque esto no solo fue un compromiso del Programa de Gobierno, sino también una promesa reconocida por el Colegio de Profesores y Profesoras durante la campaña del Presidente Gabriel Boric. Esa confianza, un bien escaso en estos tiempos, fue lo que dio paso a la mesa de trabajo donde se arribó a la propuesta que hoy saludamos.
Si a lo anterior sumamos el plebiscito en tanto ejercicio de deliberación, el amplio respaldo que concitó la propuesta, y la responsabilidad fiscal con que fue concebida, quedan pocas dudas de que este es el caso de una reivindicación histórica procesada con altura política, con promesas que se cumplen, confianzas que se cuidan y acuerdos que se construyen y validan democráticamente.
Probablemente no haya mejor forma de honrar el trabajo, los esfuerzos y también las tristezas que se han acumulado a lo largo de estas cuatro décadas. No podemos perder de vista que esta propuesta beneficiará a más de 57 mil docentes que envejecieron, se jubilaron y jamás renunciaron a demandar lo que les pertenecía; tampoco podemos negar que esta solución llega tarde para las y los miles de docentes que fallecieron sin ver reparada la injusticia.
En este largo camino confluyen diversas voluntades, partiendo por las profesoras y profesores que sostuvieron esta demanda durante ocho gobiernos democráticos. Esa lucha y tenacidad hoy ve frutos, y es ejemplo de lo que significan la persistencia y la organización.
También cabe destacar a los distintos directorios del Colegio de Profesores y Profesoras, quienes acompañaron siempre esta causa, y en especial al actual directorio, que durante este gobierno mostró voluntad, disposición y perspectiva para llegar a un acuerdo y avanzar hacia una solución.
Cabe reconocer también el apoyo del mundo político, de las dirigencias sociales, y de quienes en distintos momentos portaron la posta de lo que hoy como gobierno reparamos.
En las próximas semanas ingresaremos al Congreso Nacional el proyecto de ley que formaliza esta propuesta de reparación. Estoy seguro de que como sociedad estaremos a la altura de lo que este gesto significa para la dignidad de la profesión docente y para reencontrarnos como nación con el republicano hábito de corregir una injusticia.
Por Nicolás Cataldo Astorga, ministro de Educación
