En el año 1972, el Estado de Chile firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, cuyos acuerdos se examinan cada diez años. En 2014, el Comité de Expertos de la ONU realizó recomendaciones para asegurar —entre otras cosas— derechos sexuales y reproductivos, así como la erradicación de la violencia contra las mujeres. Los días 5 y 6 de marzo de 2024, Chile debió rendir cuentas en esta materia en la sesión 140 del Comité de Expertos.
Con ocasión de este encuentro, la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento de Chile (CDN) tuvo un importante rol como organización de la sociedad civil en la presentación de la perspectiva no estatal de los derechos de las mujeres en torno a su salud sexual y reproductiva. La CDN agrupa a varias organizaciones que trabajan en este tema, como Fundación OVO Chile, Relacahupan Chile y Ginecólogas Chile, entre otras. A principios de este año, la CDN envió un ‘informe sombra’ a la ONU con el fin de mostrar los vacíos aún existentes y los avances en estas materias en la última década. Los datos son vergonzosos. En resumen, mostramos muchos otros indicadores como que el 67% de las mujeres ha experimentado violencia ginecológica, que el 79% ha sufrido violencia obstétrica, que Chile es el país de la OCDE con la tasa más alta de cesáreas, que los estándares de atención en el período perinatal son abrumadoramente dispares. No es una exageración, es la brutal realidad.
Para la reunión del 4 de marzo, el Comité de Expertos convocó a las organizaciones de la sociedad civil que entregaron testimonio de su trabajo por medio de informes escritos. Ya la segunda pregunta de los expertos levantó los temas de violencia obstétrica y gestacional, así como de acceso al aborto en Chile. Representantes de OVO Chile y otras organizaciones, presentaron en detalle la información solicitada por los expertos, evidenciando cifras sobre las distintas formas de violencia hacia la mujer que existen en el país. En tres minutos desplegamos la realidad que vivimos la mayoría de las mujeres.
Con claridad, el Comité de Expertos vio estos datos y los asumió como propios. El tema fue discutido en las reuniones de los expertos con representantes del Estado de Chile, quienes solo se limitaron a indicar que la Corte Suprema ha fallado a favor de mujeres que han sufrido violencia obstétrica, desatendiendo, por ejemplo, que la mínima parte de los casos se judicializa. El Estado de Chile, parece creer que ´las mujeres pueden esperar´. De lo contrario, no se entiende la tibieza jurídica con que abordaron la pregunta. Ni tampoco que el proyecto de Ley Adriana, que define el concepto de violencia obstétrica y busca establecer derechos en los períodos de gestación y perinatal, siga en el Congreso desde el año 2018. Este proyecto cuenta con amplio apoyo de la sociedad civil no solo por las mujeres, sino porque las familias completas se marcan ante tanta violencia en un período de alta vulnerabilidad.
OVO Chile, la CDN, y las organizaciones que trabajan directamente con mujeres víctimas de violencia, esperan que el Comité de Expertos vuelva a incluir recomendaciones para erradicar la violencia de género, incluida la violencia gineco-obstétrica. Hay dos poderosas razones. En primer lugar, porque es necesario que este tipo de violencia quede consagrada en el marco legal para el resguardo de las víctimas y, en segundo lugar, porque ello sienta un precedente que no puede desatenderse en futuras consideraciones sobre el tema. Ley Adriana ¿aprobada por fin?
Nicole Gardella, OVO Chile.
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