Columna de Óscar Contardo: El déficit del GAM

El 1 de junio de 2024, durante la última cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric anunció que se retomaría la construcción de la gran sala del GAM, un proyecto comprometido durante el segundo mandato de la Presidenta Bachelet en 2015. Con la misión de llevar a cabo el edificio fue que en 2016 asumió como director ejecutivo el licenciado en arquitectura Felipe Mella.

Los trabajos del nuevo espacio, sin embargo, quedaron congelados en su obra gruesa en 2018, tras la quiebra de la empresa a cargo de construirlo. El anuncio del Presidente Boric de retomar el proyecto fue una manera de mostrar un avance en el ámbito cultural luego de dos años de una decepcionante gestión en el área. De manera indirecta brindaba una nueva oportunidad al director ejecutivo de cumplir el cometido para el que había sido nombrado hacía ocho años.

Mella fue ratificado en el cargo durante el segundo gobierno del Presidente Piñera por el directorio de la época. Lo mismo hicieron luego los primeros dos directorios del actual gobierno: el encabezado por el sociólogo Tomás Peters, nombrado por la ministra Julieta Brodsky, y el liderado por el arquitecto Marcial Cortés Monroy, designado por el ministro Jaime de Aguirre. Aún más, bajo la presidencia de Cortés Monroy en el directorio de GAM, Mella consiguió que se ampliara su gestión más allá de los dos periodos de cuatro años establecidos inicialmente y que se cumplían en enero de 2024.

La confianza fue tal que el contrato se extendió cuatro años. El sueldo del director ejecutivo, quien además creó el cargo de asistente de la dirección para ayudarlo en sus obligaciones, también fue reajustado de siete millones 900 mil pesos a ocho millones 275 mil pesos. Más de 10 veces el sueldo más bajo de la planta contratada.

Para cuando el Presidente Boric anunció que las obras de la nueva gran sala se reanudarían, los últimos estados financieros del GAM no habían sido publicados en el sitio de Transparencia. Fue el tercer directorio del GAM en el actual gobierno, bajo la gestión de la ministra Carolina Arredondo y encabezado por la exministra Claudia Barattini, el encargado de exigir los estados financieros de 2023, que no habían sido entregados, y descubrir el déficit de 580 millones de pesos del centro cultural, que anualmente recibe un aporte del estado de 3.500 millones de pesos.

El agujero no se explica por los efectos de la pandemia -la primera justificación brindada internamente- ni por un aumento en la programación ofrecida. La tardía entrega de los datos y lo abultado de la cifra fueron las principales razones para que el directorio por unanimidad le pidiera la renuncia a Felipe Mella, quien, cabe recordar, en 2016 criticó fuertemente el déficit de 29 millones de la administración anterior encargada de instalar el centro cultural y de darle forma a la propuesta con éxito.

La salida de Mella abre varias interrogantes, la primera es la razón para que los directores anteriores no descubrieran el déficit y, aún más, ratificaran por unanimidad al director ejecutivo más allá de los dos períodos contemplados como límite. Una posibilidad es que no supieran leer a cabalidad los estados financieros, lo que sería escandaloso para el rol que deben cumplir y por la posibilidad de consultar a los profesionales del área administrativa contable que trabajan en el mismo centro, de hecho, además de un director ejecutivo existe el cargo de director de finanzas y administración.

Otra, tan desalentadora como la primera, es que quisieran evitar un conflicto que a la larga podría perjudicarlos: por estatutos el directorio está conformado casi en su totalidad por representantes de otras corporaciones culturales, es decir, por agentes de una comunidad muy pequeña de intereses cruzados en un medio extremadamente pauperizado. Los hechos indican que este sistema de gobernanza puede resultar perverso, porque inhibe a los directores de cumplir su rol a cabalidad, ya que hacerlo significaría arriesgarse a una vuelta de mano brusca futura. Este temor es aún mayor cuando la persona que debe rendir cuentas ostenta redes de pertenencia y respaldo político -padrinos y madrinas- que lo protegen independiente de sus logros y cualquiera sea la calidad de su desempeño.

Transcurridos el estallido y la pandemia hay que encarar que la vitalidad inicial del GAM se fue perdiendo, desdibujando en una programación que dejó de marcar pauta y en un ambiente cultural que atraviesa una anemia de propuestas novedosas, con una sobrepoblación de gestores burócratas en busca de un despacho propio y un sueldo que los libre de las pellejerías que vive la mayoría de quienes conforman el circuito.

Lo curioso es que en un gremio -el de la cultura y las artes- que suele criticar los rangos de desigualdad alarmantes de nuestra sociedad, guarde silencio frente a las desconcertantes diferencias de ingresos dentro de una misma institución. Los centros culturales son tanto edificios y espacios como tejidos vivos que pueden llegar a formar tumores o a resecarse cuando en lugar de ofrecer vitalidad, arte, crítica y belleza, comienzan a ser disputados como fincas de provecho privado de los protegidos de turno que repiten el discurso de moda, como lo hacen los cortesanos o los mediocres.

El desafío actual es hacer que el GAM crezca y se consolide, pero para lograrlo hace falta, además de fondos, una gobernanza interna que exija a quienes lo dirigen hacerse responsable de que el centro cultural cumpla su misión y de que los objetivos puedan traducirse en datos de audiencia -quiénes acuden a qué, cuál es su origen y procedencia- que verifiquen el alcance diverso y democrático que debe lograr por mandato. También, naturalmente, esa gobernanza debe saber cómo es que se gasta el dinero publico transferido. Algo que de tan obvio parece haber sido olvidado por algunos.