Durante años ocurrió que para no hablar de hacer justicia, se hablaba de reconciliación.
La palabra aparecía en titulares y entrevistas, encabezaba notas de televisión y conversaciones radiales en boca de dirigentes políticos, obispos, analistas y comentaristas que la invocaban como se hace con una plegaria. Era más fácil, más cómodo y menos perturbador hacerlo así, conducir un tema doloroso y complejo hacia un lugar que lo mantuviera bajo foco distinto, uno que arrojaba sobre él una luz que lo camuflaba; la demanda por conocer la verdad y juzgar a los responsables cobraba entonces una apariencia diferente, la de dos partes con poder y responsabilidades equivalentes, dos fuerzas en conflicto en condiciones similares, aunque en los hechos no fuera así: de un lado hubo un régimen de facto que derrocó, por las armas, a un gobierno elegido, dando un golpe militar para luego ocupar durante 17 años todo el poder del Estado para silenciar, perseguir y aniquilar a quienes consideraba sus enemigos; del otro lado había miles de personas que buscaban reconocimiento y reparación del daño infligido.
La fórmula utilizada para eludir hablar del tema de fondo fue engolosinarse haciendo llamados a una “reconciliación” entre las partes. Así era posible reconocer los crímenes durante tanto tiempo negados por la dictadura, pero al mismo tiempo envolver esos crímenes en una retórica terapéutica que disponía lo ocurrido en el país como un conflicto familiar, una pelea antigua de una pareja mal avenida a la que no le conviene separarse, sino más bien hacer las paces y olvidar. Pero un país no es una familia y un Estado que secuestra personas, las tortura, ejecuta o hace desaparecer no es un pariente caprichoso que se niega a dejar atrás un entredicho que envenena los almuerzos de domingo. Aquí hubo personas -hombres, mujeres, viejos, jóvenes y niños- a quienes se los mantuvo prisioneros de manera clandestina, personas capturadas para atormentarlas, vulnerar sus cuerpos de las formas más espantosas y, en miles de casos, hechas desaparecer. Hubo una organización formal, solventada con recursos públicos, para que cientos de agentes del Estado durante casi dos décadas recibieran remuneración para cumplir con un trabajo diario que consistía en espiar, perseguir, amedrentar, secuestrar, torturar y asesinar personas opositoras a la dictadura o sospechosas de serlo. Esa vinculación burocrática estatal -planillas de sueldo, organigramas- distingue un delito común -cometido por un asesino o una mafia criminal- de las violaciones de los derechos humanos. Cuando el Estado es el que comete el crimen, ¿dónde encontrar amparo?, ¿cómo hacer justicia?
La imposición del relato de la reconciliación sugería, además, algo que parece perverso: la obligación de las víctimas a perdonar públicamente para demostrar de esa manera sus intenciones altruistas, porque la democracia las exigía para poder avanzar. Así planteadas las cosas, la exigencia siempre corría por cuenta de los más débiles.
Hay que dar vuelta la página. Hay que mirar al futuro, repetían.
Hubo un poco de justicia -parcial, acotada- y ejercicios de reconocimiento histórico a través de dos comisiones encargadas de recopilar los hechos ominosos ocurridos bajo las órdenes de quienes estaban a cargo del régimen: el resultado fueron los llamados Informe Rettig y Valech. Hubo también un compromiso político de preservar la memoria del espanto y la prevención de que volviera a ocurrir a través de la fundación de instituciones que compensaran la sensación de impunidad rampante que permitió, entre otras cosas, que el principal responsable del horror llegara a sentarse en el Senado de la República como si nada. Hubo, por último, un débil “nunca más” de parte de un general del Ejército que a la vuelta de los años sería procesado por la justicia en un caso de tortura y otro de fraude. La levedad de los gestos comunicacionales que apenas calan en la historia, los guiños de consuelo que atemperan la mala conciencia y un amable sustituto de la justicia. Desde el triunfo de la opción Rechazo, el 4 de septiembre pasado, incluso eso ha sido puesto en entredicho.
Han pasado más de dos meses desde que la opción que desahució el proyecto constitucional ganó la consulta ciudadana, pero nada de lo prometido por quienes encabezaron la campaña ganadora ha ocurrido. Muy por el contrario, las promesas de diálogo e inclusión repetidas en declaraciones de campaña nunca se concretaron: los anhelos de amor y unidad parecen ahora una broma amarga, como la que solo son capaces de hacer los villanos de película y los traidores sin escrúpulos. El vicariato amarillo de centroizquierda que sirvió de vocero de los sectores conservadores, simplemente se ha desentendido de la continuidad del proceso. La derecha, en tanto, está haciendo lo usual: negarse a cualquier reforma, la misma actitud que reventó en la crisis de 2019. Aun más, aprovechando el envión del plebiscito, y respaldada de un 62 por ciento que juzga propio, ese sector ha decidido mover los límites, retrocediendo la conversación sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura hasta niveles inverosímiles. Repentinamente, los detenidos desaparecidos han vuelto a ser “presuntos”. De manera cada vez más frecuente hay quienes le llaman “libertad” a una mezcla repugnante de ignorancia, abuso y barbarie.
Esta semana, la mayoría de la Cámara de Diputados les negó las partidas presupuestarias al Museo de la Memoria y al Instituto de Derechos Humanos. Los argumentos esgrimidos han sido no solo banales y falaces, sino también crueles, a un nivel que recuerda otras épocas, cuando las autoridades del momento se burlaban por los hallazgos de cuerpos amontonados en fosas clandestinas. Lo hacían conscientes de que la justicia jamás los alcanzaría, porque esa es la costumbre en un país donde, de forma inevitable, los espesos velos acaban siempre amordazando los hechos y amortajando la verdad.
