En la película Argentina 1985, que reconstruye el juicio a las juntas militares transandinas, el personaje protagónico es el fiscal Julio César Strassera, encargado de reunir y presentar la evidencia de los crímenes cometidos por la dictadura. Strassera, sin embargo, no es retratado como un héroe, al menos no en el sentido del personaje lleno de arrojo que se embarca en una causa con pasión desmedida. Lo que muestra la película es un funcionario de carrera, con una familia y un despacho, que sabe desde el inicio lo que significaría asumir el rol de persecutor de militares como Videla o Massera, algo que, en lugar de seducirlo, lo pone en alerta; el fiscal tiene temores concretos y muy reales. En dos escenas de la película, además, se sugiere que, durante la dictadura, Strassera en su rol de fiscal ignoró o al menos no pudo hacer mucho frente a las denuncias presentadas en la justicia por los familiares de las víctimas de la represión, pero esa era otra época, muy reciente, pero distinta de la frágil democracia que se vivía en 1985. Es lo que le recuerda en un momento de la cinta el fiscal adjunto Moreno Ocampo, un joven abogado emparentado con militares de alto rango, miembro de una familia patricia y cuyos padres habían apoyado la dictadura, pero que, llegado el momento, entiende lo que está en juego y en qué consiste su deber.
La película sortea el papel que jugaron los políticos en el proceso, el Presidente Raúl Alfonsín es apenas una presencia que se invoca, para concentrarse en las figuras menores, aquellos que estuvieron buscando testimonios, pruebas, siguiendo la hebra de lo que muchos habían querido enterrar en el olvido. El significado que tuvo el juicio a las juntas militares para la sociedad argentina trascendió el resultado efectivo en las condenas logradas, y es tan profundo que casi 40 años más tarde una película puede recrearlo como un momento de orgullo nacional cuyo valor universal consiste en la capacidad de enfrentar la verdad, sentar en el banquillo a los responsables máximos de los crímenes perpetrados y buscar justicia. Eso es algo que Argentina puede mostrar a las nuevas generaciones que no vivieron aquel momento. Nosotros, los chilenos y chilenas, no podemos decir lo mismo respecto de los crímenes de la dictadura.
En uno de sus ensayos, la escritora italiana Natalia Ginzburg reflexiona sobre la mejor manera de enseñar ciertos valores. Para la autora, lo que realmente cuenta es aspirar a inculcar en los niños las grandes virtudes, y no las pequeñas: la generosidad en lugar del ahorro; el amor por la verdad en vez de la astucia; el coraje y no solo la prudencia. La escritora no se refiere a que esas pequeñas virtudes sean desdeñables, o que no deban aprenderse, sino a que solo tienen sentido si se practican las mayores: lo grande puede contener a lo pequeño, y no viceversa.
La transición democrática en Chile no ocurrió bajo las mismas circunstancias que en Argentina. El general Pinochet conservó un poder inmenso y cada vez que se sintió amenazado por la justicia lo hizo sentir al gobierno elegido con el total respaldo de la oposición del minuto, a través de amenazas descaradas a la estabilidad democrática. Para salvar esa estabilidad, los gobiernos democráticos debieron recurrir a las virtudes menores, aspirar a más resultaba imposible. Hubo, sí, hombres y mujeres que como Strassera y Moreno Ocampo continuaron (y continúan) ese trabajo silencioso y funcionario de reunir las pruebas y documentar las evidencias para buscar una justicia tardía. Pero la posibilidad de ensanchar la esperanza, orientarla hacia a las grandes virtudes, sin embargo, fue abandonada en el camino como se hace con lo que estorba la marcha.
Actualmente las instituciones encargadas de impartir justicia están entre las menos valoradas por la opinión pública. Los chilenos y chilenas no confían en la labor ni del Ministerio Público ni de los tribunales, formando parte de esa crisis institucional tan anunciada y descrita, pero sobre la cual apenas se toman medidas. Muy por el contrario, lo que cunde ha sido la producción industrial de razones para seguir desconfiando. El último ejemplo de esa factoría ha sido la frustrada elección de fiscal nacional, con un candidato avalado por la Corte Suprema, pero severamente cuestionado por una trayectoria marcada por sepultar casos de importancia y enterrarlos en el olvido. ¿Por qué lo hacía? La respuesta podría suponerse al ver a quiénes les convenía que los casos no avanzaran.
En algún punto el hecho de vivir de cara a la impunidad como una constante inevitable se hace insoportable de tolerar. La psiquis se resiente, se asfixia y estalla; así ocurrió hace tres años y así puede volver a ocurrir de otra manera. Por un lado, estamos expuestos a contemplar cómo pillos de marca mayor, de esos que suplican financiamiento ilegal, mantienen su poder, y por el otro, a escuchar a fiscales con los modos de un Richelieu del canal San Carlos dar cuenta de su habilidad para frenar casos de interés nacional. Todo eso no sólo provoca desaliento, sino que pudre a la democracia y al país. Habitar la pequeñez acaba jibarizando los escrúpulos, el espíritu y la posibilidad de imaginar un horizonte más ancho. Que siempre todo termine tratándose de elegir el mal menor frustra de una manera venenosa, mortífera.
El ámbito de lo posible ha sido tan acorralado que se ha transformado en un área minúscula administrada por los escrúpulos de quien no ve nada más allá de sus propios intereses. No creo que romper con ese patrón de conducta sea una labor fácil, pero tampoco una de grandes héroes, sino más bien el trabajo de funcionarios y funcionarias que saben asumir las responsabilidades de su cargo y cumplir con su deber. Personas que, llegado el momento, aspiren a que las virtudes menores no acaben nublando a las mayores, a que lo posible consista en elevar la mirada y no en bajarla para conformarse con arrastrar el paso y hacer como si nada.
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