Esta semana Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú y militante de Revolución Democrática, solicitó la intervención militar para enfrentar la crisis de criminalidad en su comuna. La idea de Vodanovic, apoyada por otros alcaldes oficialistas, además de ser contradictoria con todos los discursos pasados y presentes del Frente Amplio, carece de un respaldo en la evidencia.
La idea de recurrir a las Fuerzas Armadas para contener el crimen organizado no es original, ni ha tenido buenos resultados. Fue invocada en México cuando el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco hace casi dos décadas. El resultado fue desastroso: el número de homicidios duplicó el del período presidencial anterior. En El Salvador, gracias a los estados de excepción ahora hay seguridad en las calles, pero casi el dos por ciento de la población ha sido encarcelada. El gobierno de Nayib Bukele, estandarte de cierto populismo latinoamericano, no sólo se ha caracterizado por instalar un orden a fuerza de estados de excepción y militarización, sino que también por el alza de denuncias por violaciones a los derechos humanos, un tema que hasta la última campaña presidencial chilena el Frente Amplio consideraba prioritario. Al parecer ya no lo es tanto.
No hay buenos ejemplos en América Latina que sirvan como argumento para respaldar la idea del alcalde de Maipú. Tampoco hay buenas razones internas. En febrero recién pasado el general en retiro Ricardo Martínez, ex comandante en jefe del Ejército, declaró en una entrevista en CNN que “cuando tú metes a soldados en una población, el soldado va a tener una respuesta militar”. Martínez dijo que quienes piden la intervención de soldados en el orden público, también deberían hacerse responsables de lo que pueda ocurrir luego.
A los militares se les entrena para la guerra, no para ser policías, sino para enfrentar un enemigo bien identificado. Solicitar la comparecencia de militares de una manera tan liviana contrasta justamente con el peso que tiene el rol de un ejército armado, y contradice las declaraciones del propio presidente quien aseguró esta semana que el país estaba mejor que hace dos años: tan bien está que el alcalde más popular de su sector pide sacar soldados a la calle. Mensajes confusos de forma y de fondo que siguen desdibujando la identidad devaluada de los partidos del Frente Amplio.
La demanda del alcalde Vodanovic pone la situación actual del país al nivel de lo ocurrido durante los saqueos en Bio Bio posteriores al terremoto de 2010 o a los disturbios del estallido de 2019. En aquellas ocasiones también hubo quienes pidieron que los militares asumieran tareas policiales, sin embargo ninguno de esos escenarios es comparable a la naturaleza de la situación actual porque el crimen organizado no funciona como una horda intentando robar un supermercado o prendiéndole fuego a un edificio. Tanto en las jornadas posteriores al terremoto como durante los disturbios del estallido lo que parecía primar era la fantasía de que con la sola presencia de uniformes de combate las cosas volvieran a la normalidad. Una suerte de inhibidor instantáneo de delincuencia que no sé si cuente con pruebas de su efectividad.
Tampoco es muy serio comparar la crisis de seguridad local con el despliegue de militares en ciertos países de Europa para frenar atentados terroristas, en primer lugar porque sería injusto poner al mismo nivel la capacidad de trabajo de inteligencia y contrainteligencia de Inglaterra o Francia con la de nuestras instituciones armadas y de orden, sobre todo después de todo lo visto desde el caso Huracán hasta los informes sobre el origen del estallido y los atentados a las estaciones del metro; en segundo lugar porque a diferencia del terrorismo islámico, el narco no tiene causas políticas, ni religiosas, sino intereses comerciales. El narco busca la manera de llegar hasta la instancia precisa con el monto adecuado para comprar voluntades dentro de la institución que le dificulte su negocio. ¿Dónde están consiguiendo actualmente las armas que usan? Probablemente ese impulso cobre aún más fuerza si las autoridades disponen al Ejército en la primera línea de enfrentamiento.
Lo que está detrás de la demanda por militares es que las policías han sido desbordadas por las exigencias de un nuevo escenario delictual. No dan abasto o su capacidad de trabajo no es suficiente y nada indica que haya un avance al respecto. En algún punto entre la campaña electoral y los últimos dos años de gobierno, se fue extraviando la necesidad de reformar las instituciones policiales. El pasado miércoles Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, indicó en una entrevista a La Tercera que la necesidad de reformar las policías sigue vigente, pero que el impulso se ha debilitado: “Un proceso de reforma en estas condiciones pudiera ser más bien visto como un debilitamiento de la institución en el corto plazo, y ese es el error”, indicó Johnson. Con los dos jefes policiales formalizados por la justicia en distintas causas, debería haber conciencia de la urgencia de llevarla a cabo, sin embargo el gobierno no ha logrado instalar la idea de que reformar la policía es una necesidad para controlar la criminalidad, en gran medida porque la derecha considera toda crítica al desempeño de carabineros como una especie de apoyo a la delincuencia, un ejercicio retórico irresponsable y peligroso.
La crisis de seguridad en parte es el reflejo del fracaso de una clase política que parece estar encadenada a la banalización de todo desafío complejo, pauteada por los niveles de audiencia de los programas matinales y por esa ola de populismo en curso que promete recobrar la calma perdida con malas ideas, resultonas en la superficie inmediata, pero nefastas para la convivencia futura.
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