Columna de Óscar Contardo: “Narcocasas”

No sé lo que es una “narcocasa”. La expresión aparece en titulares de prensa y matinales de televisión como algo que se explica por sí mismo, pero no. Lo que ha logrado esa etiqueta, creada a partir de la campaña de Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, es dar una idea, sugerir que se está tomando el toro por las astas sobre una situación grave, que afecta a cientos de miles de personas que deben convivir con la violencia que provoca el tráfico de drogas en sus barrios. Pero una carnada no es una solución, tampoco el comienzo de una. El alcalde anunció que destruiría determinadas residencias de su comuna porque se trataba de “narcocasas”. Lo hizo. Los medios transmitieron los operativos y el alcalde estableció a través de los programas matinales su punto frente a la audiencia: según Carter, hasta ese momento el gobierno no había hecho nada al respecto, él, en cambio, se estaba plantando de cara a los narcotraficantes, arriesgando su vida. En términos legales, las demoliciones han sido ejecutadas porque los domicilios tenían ampliaciones o remodelaciones no autorizadas por el municipio, es decir, en rigor, no han sido operaciones que tengan un alcance sobre el tráfico de drogas, sino concretamente evitar que la gente que residía allí lo siguiera haciendo (al menos mientras se levanta otra vivienda sin ampliación más allá o más acá).

La etiqueta “narcocasa” ha sido ampliamente utilizada, pero aún no tengo claro si cuando la mencionan se refieren a lugares de acopio o distribución o venta de droga, o sin son propiedades de narcotraficantes en arriendo. Al parecer hacer esa precisión, que ayudaría a comprender el alcance de los operativos, a nadie le ha importado mucho. Lo que se transmite es sencillamente la destrucción de un inmueble perteneciente a una categoría que evoca muchas cosas al mismo tiempo, todas malas y dignas de ser derrumbadas, pero ¿qué es lo que se logra concretamente con eso para frenar el narco?

Supongamos que con las demoliciones el alcalde haya logrado resolver de modo inmediato un problema efectivo para el vecindario, alejando a determinadas personas que, eventualmente, vendían droga al menudeo o provocaban desde ruidos molestos hasta balaceras. Esto, sin lugar a dudas, es una buena noticia para quienes viven en áreas en donde lo que impera desde siempre entre sus habitantes es la sensación de abandono del Estado. Con los operativos del alcalde, esas personas ven la presencia de una autoridad en acción concreta, alguien dirigiendo una actividad que en la narrativa de Rodolfo Carter es un ataque directo al crimen organizado. El alcalde, como otros políticos de su sector, conoce las demandas cotidianas de los vecinos de los suburbios de bajos ingresos, zonas de clase trabajadora que los partidos tradicionales de izquierda dejaron en el abandono hace décadas y que los nuevos líderes progresistas tienden a contemplar desde un pedestal teórico tamizado por su experiencia como voluntarios de alguna organización benefactora. Carter supo encarnar esa pulsión de desquite autoritario que crece en intensidad en la medida en que la crisis de seguridad trastorna el modo de vida de los chilenos y chilenas, en especial los de los más pobres. Satisfizo una demanda real de largo plazo, con una acción que, sin embargo, tiene toda la pinta de ser un paliativo comunicacional de corto plazo, que no resolverá el problema de los vecinos de manera duradera, pero sí lo posicionaran en una carrera presidencial jamás disimulada.

Esta semana, el Ministerio Público difundió un comunicado en donde explica que la Fiscalía le proporcionó al alcalde “de manera no oficial” una lista de casas “vinculadas a investigaciones vigentes”, una definición muy vaga que no calza con la contundencia de la etiqueta “narcocasa”. La declaración del Ministerio Público sugiere de manera tácita que la información utilizada por Rodolfo Carter era parte de una investigación mayor que incluía como antecedentes los domicilios señalados, cabe entonces preguntarse si las demoliciones televisadas afectaron esa investigación. El Ministerio Público anunció, además, el inicio de un sumario por el traspaso de dicha información. El alcalde respondió con críticas a la Fiscalía y a la Presidencia por no enfrentar el narcotráfico como corresponde, según su criterio. En sus declaraciones el alcalde sugiere que las instituciones lo han dejado solo en su causa y que, de modo indirecto, ayudan a que el narco avance. Todo esto lo ha dicho con amplia difusión en los medios, que eluden mencionar dos acciones propuestas por el gobierno que, con mucho menos atractivo mediático, podrían ser bastante más efectivas para enfrentar el crimen organizado: una mesa de seguridad en donde se sienten los representantes de todos los partidos políticos y un registro de beneficiarios finales que sirva para detectar el lavado de activos del narcotráfico. Ambas instancias han sido rechazadas por el sector político del alcalde Carter. No está claro el modo en que retrasar un acuerdo en seguridad y mantener la opacidad sobre la fuente de los dineros de muchos negocios sospechosos contribuya con el bienestar de los chilenos y chilenas. Lo que sí resulta cada vez más evidente es que reducir la política a trifulcas de poca monta en matinales es perverso, no sirve para mejorar el bienestar de las personas y acaba demoliendo los últimos rastros de respetabilidad que convocan las instituciones y las autoridades a cargo de ellas. El único provecho posible que alguien podría sacar de todo esto es personal, individual, momentáneo y mezquino.