Veinte mil personas es el número de habitantes de comunas como Yumbel o Los Vilos. Veinte mil es la cifra aproximada de niños que fueron adoptados de manera irregular, o más bien traficados desde Chile hacia el extranjero, durante la dictadura, según estimaciones de la PDI. El número podría ser mayor, según ha indicado Constanza del Río, directora de la fundación Nos Buscamos, cuya labor consiste en volver a poner en contacto a esos niños, hoy adultos de mediana edad viviendo en Estados Unidos y Europa, con sus familias de origen en Chile.
A diferencia de lo ocurrido durante la dictadura argentina, en el caso chileno no hubo una apropiación sistemática de hijos de los perseguidos políticos por parte de la represión. El patrón no es el mismo que en el país vecino, en donde cada hallazgo de niño apropiado y la reunión con sus familias de origen es una noticia de relevancia nacional. Lo que existió, según lo que ha explicado Constanza del Río y la fundación estadounidense Connectig Roots, que agrupa a chilenos adoptados por norteamericanos, fue la intensificación de una práctica que había comenzado a mediados de los 60, que consistía en quitarles recién nacidos a mujeres pobres y darlos en adopción a matrimonios extranjeros sin su consentimiento. En el extranjero las organizaciones creadas para hacerlo se mostraban como instituciones ajustadas a la ley que prestaban un servicio social buscándoles un hogar a niños abandonados. Pero lo que aparentemente era un servicio humanitario, era en realidad un negocio que debió involucrar profesionales y funcionarios de distinto rango que hacían pasar por gastos operacionales montos de dineros que iban a su propio beneficio. La forma más usual de conseguir niños era apartando a las mujeres del recién nacido en el mismo hospital, bajo la excusa de que la criatura había muerto. De un lado mujeres pobres, con escasa educación, viviendo una situación extrema; del otro, una red de médicos, enfermeras y asistentes sociales contándoles una mentira difícil de desmontar.
Esta semana cinco de esos niños y niñas, ahora adultos con una vida en Estados Unidos, volvieron a Chile a conocer a sus familiares de origen. Uno de ellos ahora se llama Benjamin Fruchter, cuyo nombre de nacimiento era Gustavo Figueroa. Fuchter nació en Chillán y fue separado de su madre en 1987, cuando él tenía cinco meses de vida. La madre, una mujer sin estudios, murió sin saber qué había pasado con el niño. Benjamin Fuchter ahora tiene 37 años y regresó a reunirse con sus hermanos, que aún viven en la capital de Ñuble, la región de origen del 30 por ciento de los casos de niños apropiados. El diario La Discusión recogió la historia de Fuchter en una nota en donde se consigna que el monto cobrado por cada adopción era de 10 mil dólares.
No solo fueron sustraídos niños recién nacidos, también hay casos de niños mayores que eran separados de sus familias por sufrir desnutrición o alguna enfermedad. Eran llevados a hogares institucionales y luego alejados permanentemente de sus madres, ofreciéndoles distintas excusas para no entregarlos de vuelta o sencillamente ignorando los reclamos.
Otro modo de apropiación era el que ejercía la religiosa belga Elisa Clementine Mottart, radicada en la actual Región de Ñuble desde 1964. Según testimonios de los lugareños, Mottart, más conocida como Madre Victoria, recorría los campos en camioneta, y cuando veía niños caminando sin adultos los subía al vehículo y se los llevaba al hogar de menores que dirigía, para luego ofrecerlos en adopción. Los habitantes de la zona en un momento debieron caer en cuenta de lo que hacía la religiosa, según se desprende del testimonio de Rebeca Alarcón, una mujer que busca a su hermana menor y que fue entrevistada por el diario La Discusión. Alarcón cuenta que Mottart se llevó a su hermana tras perseguirlas a ambas por el campo, la más pequeña no pudo saltar un portón y fue alcanzada por la mujer. Se la llevó y nunca más supieron de ella. Las niñas habían sido advertidas de que, en caso de ver a la religiosa, debían alejarse.
Mottart, sin embargo, gozaba de influencia en la región y mantuvo durante décadas -en dictadura y luego en democracia- una relación cercana con autoridades que la tenían como una especie de ejemplo de caridad y entrega, tanto así que en 1996 un grupo de diputados presentó una moción para concederle la nacionalidad por gracia. En la documentación presentada por los diputados hay un resumen de los méritos de la llamada Madre Victoria en su carrera en la beneficencia, la que arranca en 1973 con la creación de un hogar de menores que va fortaleciendo y ampliando con los fondos que consigue en Bélgica y en Chile. En 1980 los hogares creados por ella pasan a formar parte de la red dependiente del Sename. Los parlamentarios señalaban en la moción que “Elise Clementine Mottart Breban merece el reconocimiento de nuestro país, porque su obra ha sido vasta, extraordinaria, noble, desinteresada e inmensamente útil para los más necesitados”. El Congreso le concedió la nacionalidad por gracia en 1999. Años más tarde Mottart dejó el país cuando las familias campesinas comenzaron a preguntar por el paradero de los niños que, tras permanecer al cuidado de la religiosa, desaparecieron.
El refrán que indica que hace falta un pueblo para criar a un niño es aplicable a esta historia de “adopciones irregulares”: para traficar con niños también es necesario que exista mucha gente concertada, personas con el poder y prestigio suficientes como para hacer pasar por beneficencia un negocio. También retrata la importancia que le damos en Chile al destino de los más pobres.
Otra vez el silencio, otra vez la impunidad.
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