La cuenta pública de este sábado parece indicar que el gobierno del presidente Gabriel Boric busca reconstruir un relato progresista extraviado. Tras dos años en que ninguna de las grandes promesas hechas durante la campaña se concretó, el presidente recurrió al brillo de las obras que tocan la vida de las personas en su jornada diaria –transporte público planificado en regiones, teleférico entre Iquique y Alto Hospicio, el sistema de cuidados- y al feminismo como una manera de reconducir una nave que en ocasiones parece estar huérfana de un horizonte hacia dónde dirigirse. Una decisión bastante lógica para dotar de sentido a un gobierno que alimentó tantas esperanzas como decepciones ha provocado.
El voto de las mujeres es el que está conteniendo el avance de la ultraderecha en Chile. Es lo que marcó la diferencia en la más reciente elección presidencial y lo que evitó que avanzara la propuesta constitucional reaccionaria desechada en el último plebiscito. Es también el sector demográfico al que la oposición no le conviene caricaturizar de woke o de octubrista, las dos etiquetas preferidas para descalificar la expresión de demandas sociales pendientes y en algunos casos cualquier pensamiento crítico, porque el voto femenino es tan demográficamente contundente que contrariarlo puede costar una elección. El anuncio de un sistema de cuidados apunta a mejorarle la vida justamente a las personas que, de manera abrumadora en nuestro país, son quienes se consagran a atender enfermos, niños y ancianos: las mujeres. Es el tipo de proyectos que cambia la vida de las personas, y en donde la política cobra sentido en lo cotidiano. Esto, que parece tan obvio de plantear, no lo es tanto para un sector, el de cierto progresismo, que tiende a rizar discursos y acuñar expresiones complejas para explicar en difícil lo que podría plantearse de un modo sencillo: las personas, la gente, los electores, quieren soluciones no explicaciones, no buscan ser educados por las autoridades en nuevas lenguas, sino que aspiran a que, a través de ciertas obras, sus vidas cambien para mejor.
Las consecuencias de la ola y la revuelta feminista de 2018, la búsqueda de igualdad de trato entre hombres y mujeres, debe ser el cambio social, político y cultural más contundente de las últimas décadas. En adelante las conversaciones sobre el rol de las mujeres en la convivencia familiar, institucional, laboral partiría desde un punto distinto, muy lejano al de años anteriores, ni qué decir en las décadas pasadas cuando “feminismo” en la política local era una mala palabra o una acusación de la cual era necesario defenderse. Las demandas por igualdad de trato exigieron y sigue exigiendo unas transformaciones que, como suele ocurrir en estos casos, deben enfrentar una resaca ultraconservadora a nivel mundial. Bajo este contexto, el anuncio de un proyecto de aborto legal cobra un sentido que sobrepasa la mera posibilidad de que sea aprobado: aunque no avance en el actual Congreso, exige a los representantes políticos de oposición y a sus candidatos y candidatas, a sincerar posturas sobre el asunto. Además, plantea retomar temas como la gran cantidad de hospitales públicos en donde solo existen profesionales objetores de conciencia, lo que impide a la atención de mujeres de muchas zonas de Chile que buscan la interrupción de un embarazo acogiéndose a las tres causales legales actualmente vigentes.
El gobierno arrancó la segunda mitad de su período intentando compensar la percepción generalizada de que los avances han sido escasos, respondiéndoles a sus críticos con números y hechos: el control de la inflación y de cierta criminalidad; crecimiento económico cuando se pronosticaba recesión; acciones apoyo a las policías y un énfasis en la seguridad, cuando se anuncia caos. Todo eso empaquetado en el mensaje de que el Ejecutivo ha logrado “estabilizar el país”, una fórmula poco afortunada que sirvió de preludio comunicacional a la cuenta pública. El principal problema de esa frase es que deja abierto un flanco en el que los opositores al gobierno han logrado avanzar imponiendo la idea de que los responsables de la crisis de 2019 fueron justamente las autoridades actualmente en el poder, desentendiéndose de todas las demandas pendientes. Por otra parte, la idea de “estabilizar el país” sugiere de manera implícita que solo la inmovilidad asegura estabilidad, justo la lógica utilizada por los sectores conservadores para frenar los cambios. Más que un mensaje para los ciudadanos en general parece ser uno pensado como respuesta al adversario, una presión para que la oposición reconozca que la gestión del actual gobierno hasta hora podrá ser mediocre y desalentadora, pero no la hecatombe que anunciaron. De ser este el objetivo, lo curioso sería que el gobierno, en lugar de hablarles a los ciudadanos en general, decida rendirle cuentas a un sector que tiene aún menos aprobación popular que los partidos del oficialismo, según las últimas encuestas Data influye.
La penúltima cuenta pública del presidente Gabriel Boric intentó acercarse a una población en la que cunde el desencanto, exhibiendo logros en la medida de lo posible y rescatando con algunos proyectos un esbozo de esa identidad perdida en el camino. Lo hizo a través de una lista de anuncios impregnada por el entusiasmo como antídoto para el desaliento, con el optimismo de un profesor afable que busca motivar una clase abúlica, repitiéndoles a sus alumnos que puede haber algo mejor que el espeso desencanto.
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