Columna de Óscar Contardo: Una derecha perpleja

La derecha permanece en silencio, demudada, como alguien a quien repentinamente le han cambiado los planes que daba por seguros y no es capaz de entender el nuevo escenario, porque aún no sabe qué tan profundo será el daño. La celebración estentórea de los dos años del Rechazo a la primera propuesta constitucional de esta semana no logró disimular la incomodidad, porque propuso una alegría tramposa: celebraron un primer fracaso de la capacidad de los chilenos y chilenas de generar un nuevo pacto de convivencia, luego vendría un segundo, y las demandas de cambio -que siguen existiendo a pesar de la insistente negación del sector- aún no han sido atendidas.

No hubo rechazar para reformar, y el relato elegido para describir la crisis iniciada en 2019 ha sido el de un estallido delictual. Desde la perspectiva conservadora fue un triunfo frenar el desmantelamiento de la Constitución del 80, pero los votos con los que eso se logró no le pertenecen a la derecha. Si el sector vivió aquella jornada como una fiesta popular, esa algarabía no es traspasable a todo el país, menos aun si a quienes votaron a favor de la propuesta se les está permanentemente acusando de querer destruirlo.

Peor que eso es que la principal candidata presidencial de la derecha argumentara en una declaración que la propuesta fallida “negaba” los símbolos patrios -bandera, himno-, algo que es falso. Ese gesto subraya la debilidad de una celebración impostada. El 4 de septiembre de 2022 marcó el primer momento de un proceso fallido, lo que se constató con la segunda propuesta. Volvimos al punto de partida. Las aspiraciones de avanzar hacia un lugar distinto aún existen, pero la voluntad de llevar a cabo ese cambio se esfumó por parte de la oposición. Intentar insuflarle una épica a la fecha, similar a la del 5 de octubre de 1988, es perder energías en un simulacro para distraerse de la realidad que está sobrepasando los discursos, filtrándose en las grietas y aflojando los tabiques.

Más seguridad y crecimiento económico siguen siendo las dos únicas ofertas de la derecha para el país. El mismo discurso que llevó al Presidente Sebastián Piñera al gobierno por segunda vez y que terminó con su gestión en un descalabro. No es necesario ser muy agudo para dudar de la solidez futura de esa propuesta si la política es ignorar lo ocurrido como quien vive en un estado de negación colectivo. La manera en que la UDI manejó el caso del padre de Javier Macaya es un síntoma de que se ha reflexionado muy poco internamente sobre los cambios sociales y culturales de la sociedad chilena desde la revuelta feminista de 2018.

Que nadie alertara sobre la manera en que el presidente del partido debía actuar, separando aguas con su padre, indica que la inclinación por cultivar un diagnóstico propio y sesgado de los acontecimientos empuja al sector a cometer errores que difícilmente puede achacar al llamado octubrismo. Ya no es sostenible seguir respondiendo a las acusaciones de corrupción en municipios gobernados por la derecha, buscando un empate con el oficialismo: eso no le sirve a nadie y, lejos de aclarar, enturbia. Las denuncias surgen por todos lados, y la única respuesta, cada tanto en alguna entrevista, es que serán implacables con quienes cometan irregularidades: ¿Con quién lo han sido hasta ahora?

Ha habido dinero despilfarrado a borbotones y fondos para contratar parientes y cercanos con altos sueldos y nulas obligaciones laborales; ha habido pagos considerables por informes absurdos, como el difundido esta semana por Juan José Lyon, de América Transparente. Un estudio encargado en Las Condes para catastrar organizaciones folclóricas. El resultado fueron 40 líneas de Excel. El pago, 15 millones de pesos.

Independiente del destino judicial que tenga el caso Audio y la figura de Luis Hermosilla, el daño político está hecho. Lo más probable es que se profundice, y por más que la derecha intente empatar con la antigua militancia de izquierda del penalista y la relación que mantuvo defendiendo al principal asesor del gobierno actual, la abrumadora red de relaciones y vínculos de Hermosilla eran desde hace décadas con la actual oposición. Ese era su lugar de pertenencia, el sitio que le daba un anclaje social, económico y de operador en las sombras.

Lo que queda demostrado con el caso es que en ese espacio la relación con el dinero -público y privado- es muy diferente a la que cualquier ciudadano común puede llegar a tener. La manera en que en esos diálogos de WhatsApp dan por sentado que las leyes y normas son solo sugerencias que pueden esquivarse si se tienen los contactos adecuados, y que las conductas impropias gozarán de impunidad, no necesitan traducirse en una condena judicial. Es muy diáfano el modo en que retrata la cultura de un grupo y la opinión pública ya tiene experiencia al respecto, y sabe que las posibilidades de que alguien pague por cometer actos impropios en Chile están íntimamente relacionadas a su origen social y sus relaciones con el poder.

Luis Hermosilla manejaba a la perfección esas claves, sus contactos en la derecha también. Las instituciones funcionan, ese cliché impuesto por el expresidente Lagos, envejeció mal. Sobre eso cabría esperar, al menos, una reflexión de un sector político que ha guardado un silencio incómodo, esperando tal vez capear las aguas revueltas confiándose en que otro escándalo reemplace al actual, y que ojalá involucre a los adversarios, porque a fin de cuentas el destino del país es lo menos relevante cuando está en juego recuperar las riendas de un poder. Lo que han hecho hasta ahora es transformar todo debate en una trifulca de hinchada y esquivar cualquier responsabilidad, como si se tratara de un estorbo momentáneo.