Hoy lunes se da inicio al trabajo del anteproyecto de Constitución de la Comisión Experta, que servirá como base para el Consejo Constitucional, cuyos integrantes serán electos en mayo.
Las circunstancias de su trabajo son diferentes a aquellas del postestallido y del trauma nacional ante las violencias, ineptitudes e incompetencias que caracterizaron gran parte del primer año del gobierno del Presidente Boric. El 62% del Rechazo derrotó al refundacionalismo y cambió la realidad. La Plaza Italia se recuperó para la ciudadanía; el TPP11 y el Tratado con la Unión Europea se aprobaron; el rigor fiscal vino a contrarrestar el impacto inflacionario de esos retiros de populismo irresponsable; las FF.AA., antes vetadas, se despliegan conteniendo el terrorismo en la Macrozona Sur y la inmigración descontrolada de componente delictual en el norte de Chile; los incendios decrecen; los números económicos se anuncian mejores; cambia el pelo del gabinete y se filtra que cambiará más, en similar dirección.
Pero eso contiene el riesgo de creer que lo peor ya pasó; vivir el sueño feliz de que todo se resuelve con un cambio de gabinete o de subsecretarios; hacernos olvidar que lo medular de la crisis que vivimos desde hace años no tiene su causa principal en los actores económicos, ni en las FF.AA., ni en ultras de capa caída. La crisis chilena tiene su fuerza desencadenante en la degradación de su sistema político, que ha terminado contaminando todo: educación, salud, economía, seguridad, orden público, migración y, por cierto, su propia institucionalidad.
La nueva Constitución solo será buena si dota a Chile de un sistema político que le devuelva gobernabilidad y prevea defensas ante populismos y extremos; que se proponga superar la proliferación partidaria y su consecuencia: la proliferación funcionaria en el aparato público; que estimule entendimientos amplios y estables en los actores políticos y no micropartidos bisagras; que, si es presidencialista, no le cercene atribuciones indispensables para la buena gestión económica, como han intentado desde el Parlamento o desde la fenecida Convención Constitucional; que contribuya a la responsabilidad fiscal y monetaria; que ayude a construir libertades para los chilenos y no imposiciones autoritarias; que haga del Estado un regulador y garante de convivencia libre, segura y en paz; un servidor, no un patrón. En fin, un sistema político que vuelva a caracterizar a Chile por algo que en el pasado lo distinguió: la solidez y solvencia de su democracia.
No menospreciemos la enorme responsabilidad que estamos entregando a expertos y luego a comisionados constitucionales. Lo peor solo habrá pasado cuando aquello que lo detonó -la degradación de su sistema político- se logre superar. Mientras eso no ocurra, a la vuelta de cualquier esquina nos esperará emboscada otra manifestación de esta crisis.
Por Óscar Guillermo Garretón, economista
