Los tiempos de la política son cortos si solo piensa en sí misma. Su vida se juega cada cuatro años. En cambio, la de los países se mide en decenios. Decenios para la educación de seres humanos con valores sólidos y competencias mutantes. Decenios para construir capacidades sanitarias con profesionales aptos, hospitales, postas, sistemas de financiamiento y aseguramiento, etc. Decenios para sopesar la realización de una inversión cuantiosa que impacte en el crecimiento, que lleva años de evaluación, años para obtener los permisos, años para construir o que una plantación fructifique, años para recuperar lo invertido. Doblar el PIB requiere 10 años si crecemos al 7%; 21 años si crecemos al 3,5%, y ni les digo si crecemos a las tasas de ahora.
La ciudadanía sabe o lo intuye. Está aburrida de una discusión constitucional que nos consume desde hace años. Por eso, los que llaman a votar A favor en el plebiscito destacan la necesidad de “cerrar el proceso”, mientras que quienes llaman a votar En contra, se preocupan de señalar que no volverán a tocar el tema “durante este gobierno”, como dijo el Presidente Boric, o solo más tarde, cuando “el pueblo así lo estime”, como dice el PC, o a partir del año 2030, como planteó el presidente del PPD.
Pero los tiempos de la política de vista corta no son los de nuestra nación. El Presidente Boric compromete dos años más, cuando los nacidos a partir de hoy estarán aún en sala cuna y le faltarán dos años a una plantación para comenzar a producir, y otros tantos a un proyecto minero para obtener los permisos que lo autoricen a iniciar sus proyectos de inversión. En la versión del PC -después del 17 de diciembre y “cuando el pueblo lo estime”-, no suena tiempo muy claro, cuando es su uso habitual considerar que es él quien habla “a nombre del pueblo”. Y ese año 2030 que suena garantía de estabilidad constitucional para el presidente del PPD, no lo es si de crecimiento e inversión minera hablamos: partiendo hoy, con suerte tendríamos permisos aprobados el 2027 y unos dos o tres años más para construir plantas y túneles; en otras palabras, la incertidumbre constitucional se iniciaría exactamente al inaugurarse una inversión que requiere largos años de vida recuperarla.
El voto en contra oficialista busca disimular que en realidad mantendrán abierto el tema constitucional. Son coherentes en eso. Ahora se están quedando con la Constitución que vilipendiaron, a la que descalificaron, culparon de todos los males, sindicaron como responsable de impedir las refundaciones que propugnaban y se encargaron de debilitar, perforar y saltarse desde el Parlamento, con la consiguiente debilidad institucional que vivimos para enfrentar la delincuencia, el crecimiento y todo. Así las cosas, esas garantías oficialistas pueden servir a la política en tiempos electorales, pero no a los tiempos que la vida de Chile necesita.
Por Óscar Guillermo Garretón, economista
