Mucho antes de que existiera la Concertación, cuando ni siquiera me imaginaba que algún día pudiera ser emprendedor y empresario, en tiempo donde aún no existía la palabra “neoliberal”, hace poco más de 50 años, ya había aprendido del desastre que significaba estatizar actividades empresarias.
Lo viví de cerca. Caídas de producción y de utilidades, presiones partidarias sobre interventores a cargo y disputas entre estos y dirigentes sindicales, en especial si eran de distinto partido político; responsables destacados por su compromiso político, pero sin competencia para lo que debían de hacer. En fin.
Lo he recordado muchas veces en estos años, cuando cunde la especie que empresas públicas serían panacea de falencias de las privadas. Falencias que por cierto existen. Pero si algo aprendí de entonces es que eso se resuelve con un Estado regulador eficiente, cautelador de la gobernanza corporativa y de un correcto funcionamiento de la competencia, no entrometido en lo que hace mal.
Por cierto, hay actividades indispensables que el Estado debe asumir si tienen rentabilidad social, pero no privada. Por ejemplo, el Metro. Pero sobre ellas debe estar puesta la lupa pública sabiendo los males típicos que se incuban en las empresas públicas
Cada año de estos 50, la realidad me lleva a reafirmar conclusiones. Leo sobre los resultados de las empresas públicas y sobre sus planes de desarrollo: pérdidas casi siempre, planes de inversión retrasados, capturas políticas o sindicales sobre su vida. Cuando comparten actividad con empresas privadas, la norma es que estas muestran mejores números.
Todo esto lo he recordado a raíz de la payasada del “gas a precio justo”. Supieron de las alertas del regulador sobre fallas a la competencia en el mercado del gas-hogar y en vez de escucharlo -bajo la consigna, ¡esta es la mía!- organizan un show mediático manipulando políticamente el gas en vísperas del plebiscito. La prensa se ha refocilado publicando en primeras planas fotos de ministros y del propio Presidente blandiendo balones de gas. Hoy hablan de “plan piloto”. ¿Para qué se necesita un “piloto” si un cálculo previo de costos medianamente bien hecho les habría dado diferencias siderales de precio sin gastar cientos de millones? El gerente de Enap comentó que a ellos no les había costado nada porque la plata la había puesto el ministerio de Energía; como si así el uso de recursos públicos importara menos. Y quedan preguntas sin respuesta: ¿El desaguisado es responsabilidad de Enap que calculó mal o de autoridades políticas que impusieron a Enap su brillante idea? ¿Qué hace Enap ampliándose a un negocio que obviamente desconoce (por algo realiza “pilotos”) con pasivos exigibles por US$ 5.899 millones y Patrimonio de US$ 1.624 millones en sus Estados Financieros de 2022?
¿Lo entenderán o debemos esperar nuevos tropiezos en la misma piedra?
Por Óscar Guillermo Garretón, economista
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