Si me atengo a lo que conozco, cuando quedan horas para saber si habrá o no acuerdo en torno a un texto constitucional, el oficialismo acordó tener una posición única compartida y, como reacción, republicanos y Chile Vamos replicaron endureciendo su disposición a cambios a los que previamente se habían allanado. Lo advirtió el abogado constitucionalista amarillo Zarko Luksic: existe un diseño “adversarial” por parte del oficialismo. Esta actitud se refleja en las enmiendas, las cuales, en la mayoría de los asuntos, tienen redacciones muy parecidas, pero prefirieron presentar cada uno las suyas para no aparecer aprobando algo del otro.
Tendríamos así un plebiscito que nuevamente dejaría todo pendiente si gana el rechazo. Entre otras cosas, un sistema político fragmentado, impotente para dar gobernabilidad a Chile y una dañina incertidumbre económica.
Creer, como algunos del oficialismo, que un triunfo del rechazo sería una derrota de Kast, refleja la ceguera política de que vienen haciendo gala hace ya tiempo. Toda la política pagará las consecuencias, y como siempre ocurre, los costos mayores los pagará el gobierno de turno; aún más grandes, si empuja a la derecha a mantener banderas de dudoso rango constitucional, pero que arrojan apoyos sobre el 70% en todas las encuestas. Más importante aún, ese ensimismamiento de la “política-póker”, donde lo que uno gana otro lo pierde, olvida que quienes de todas maneras pierden son Chile y su gente, especialmente los más vulnerables, que lo cobrarán a la política.
Tener un texto constitucional no resuelve todos los problemas, pero terminar con el esperpento del actual sistema político y dar garantías de estabilidad institucional de largo plazo a quienes deben generar empleo, es impostergable.
El daño hecho al país por 15 años de indefiniciones, polarizaciones y respuestas ineptas a desafíos de la realidad, es enorme. De prósperos, al fondo de la tabla en América Latina. El precio del dólar refleja el deterioro relativo de nuestra moneda. La expectativa de los consumidores por los suelos y también la de los inversores. La deuda de las empresas públicas duplicada en 12 años, y si la sumamos a aquella directa del Estado, alcanza a 46,4% del PIB, superando el nivel considerado “prudente” por el propio gobierno. Las inversiones y empleos que acá escasean, chilenos las multiplican en el exterior, mientras declinan las extranjeras acá.
Si me atengo a textos y enmiendas, diferencias reales hay pocas. Y esas pocas, en políticos serios siempre tienen forma de resolverse. Más aún, si los quórums no son inalcanzables, cada uno puede hacer reserva de aquello que buscará mejorar después; pero no continuemos en esta interminable discusión constitucional que nos esta destrozando política y económicamente, haciendo además irrespirable nuestra convivencia. Chile no soporta seguir demoliéndose en esta indefinición.
Por Óscar Guillermo Garretón, economista
