Más que una columna, esta es una protesta. Observo la puesta en escena de la campaña “Vote informado”. Descubro en actos públicos a autoridades principales de gobierno, se reparten miles de ejemplares del texto de la Constitución que el pueblo de Chile aún no ha aprobado, se agitan solo consignas y banderas por el Apruebo e incluso se mofan ante las cámaras de un periodista que pregunta, con razón, si les parece correcto que el Presidente firme ejemplares de un texto mayoritariamente cuestionado, antes de que el pueblo de Chile lo vote en septiembre. Lo obvio que salta a la vista de cualquiera es, ¿por qué, en actos con autoridades de gobierno, para promover un “voto informado”, no hay invitados de esa mayoría clara que cuestiona partes del proyecto, o que defienden votar Rechazo?
Es legítimo que los partidarios del Apruebo hagan campaña por su opción. Pero no lo es que autoridades de un gobierno mandatado a la prescindencia sean protagonistas de esos actos y simulen que se trata de inocentes iniciativas para que la gente “vote informada”. El evento se vuelve así una triquiñuela para presentar como informado un voto desinformado, que esconde o excluye la opinión de esa mayoría que lo critica desde el Rechazo e incluso desde el Apruebo.
Parecemos de vuelta al clima de comienzos de la Convención. A la exclusión y el silenciamiento de quienes critican el poder constituido; así como al insulto, la burla y la descalificación a los que difieren. Con el agravante de que esta vez no se trata de convencionales inexpertos y desbocados. Encabezan los eventos miembros de la élite de gobierno; autoridades de la República de Chile.
Mientras tanto, la inflación golpea los hogares, la violencia sigue descontrolada en el sur, delincuencia y droga campean y copan noticieros, la inmigración ilegal siembra violencia y narcos en el norte, el capital para inversión busca países más amables donde radicarse, los tumbos en educación y salud se hacen habituales, empeoran las expectativas económicas futuras de la población. Por si algo faltara, el texto alegremente firmado por el Presidente debilita la capacidad actual del Estado para actuar contra la violencia y la delincuencia. Solo abundan los recursos destinados a una campaña partidista; y así las cosas, autoridades jugadas en ella restan tiempo y cabeza a sus responsabilidades.
No digo esto con inquina, sino con preocupación. Si a un proyecto constitucional mayoritariamente criticado, agregamos autoridades desatentas a su respetabilidad institucional, todo se agrava. Y reiteraré algo más: el comportamiento de quienes se desviven ambicionando conquistar más poder, da pistas seguras de cómo se comportarán una vez que lo hayan alcanzado. La desinformación como característica de conductas oficiales no es solo una amenaza para la libre opción ciudadana en septiembre, sino una amenaza a nuestro futuro.
