Las Isapres prosperaron con grandes ganancias dada una escasa regulación y a que nunca se basaron en los principios de la seguridad social en salud: solidaridad, no lucro, ni discriminación.
En 2010, el Tribunal Constitucional, considerando que somos todos iguales ante la ley, dictaminó que era inconstitucional discriminar por sexo y edad, generando un vacío legal que no fue llenado por los colegisladores, sea por incapacidad de generar consenso político o por el constante lobby empresarial por mantener el statu quo.
Ante ello, miles de personas acudieron a tribunales para impedir alzas unilaterales de sus planes. Las Isapres pudieron haber modificado los contratos a objeto de alinearse con lo dictaminado por la justicia, pero nada hicieron. Finalmente, la Corte Suprema saturada por la creciente judicialización, dictaminó el fin de las alzas de planes y de la prima GES, causando un tsunami político que puso en jaque mate a un sistema ya reventado por un modelo de negocio insostenible.
Este escenario obligó al gobierno a presentar una ley corta para cumplir el fallo sin poner en riesgo a las personas. En ese momento interpretando literalmente el fallo se señaló que lo adeudado asciende a 1.400 millones de dólares. El Senado creó una comisión técnica, obviamente no vinculante, que entre varias propuestas sugiere rebajar lo adeudado a menos de un tercio de lo conocido bajo el argumento de “mutualidad”. Concepto muy correcto en lo teórico, pero jamás aplicado por el sistema de Isapres, por lo que dicha argumentación aparece un poco forzada y extemporánea, además de jurídicamente controvertible, ya que los contratos son individuales.
También hay que considerar que tamaña rebaja políticamente se hacía muy impresentable por su perfume a perdonazo. Entonces el Ejecutivo envía indicaciones, en mi opinión correctas, que acogen mucho de lo propuesto por dicha comisión, indica un monto razonable de deuda, mejora aspectos regulatorios y perfecciona temas relacionados con el Fonasa.
Sin duda, el sector empresarial hará todo el lobby posible por pagar lo mínimo y por limitar que el Fonasa mejore y sea una sólida alternativa. Lo indiscutible es que pase lo que pase, las Isapres tal como fueron concebidas, no sobrevivirán en el largo plazo. Lo razonable entonces es que la ley corta permita una transición hasta que los sectores políticos logren colocarse de acuerdo en un nuevo sistema de solidaridad social en salud, sea la propuesta de gobierno de un fondo público con prestación mixta en que existan seguros privados complementarios, o un modelo mixto en el aseguramiento como el alemán, que es el pregonado desde la oposición. Quienes defienden este último, olvidan que en Alemania los seguros de salud estatutarios son administrados o por el Estado o por organizaciones de seguro de salud sin fines de lucro, y que operan bajo el principio de solidaridad.
Desde el pragmatismo más puro tampoco se puede olvidar, que sí o sí hay que sostener el aparato público prestador. Ningún político permitiría el cierre de un hospital, por lo que jamás serán sostenibles subsidios públicos a entidades privadas de aseguramiento. Quizás es momento de darles a las Isapres que conocemos una cristiana sepultura, es hora de aprobar la ley corta y colocarse en serio a concordar una transición razonada a un sistema de seguridad social en salud.
Por Osvaldo Artaza, decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales Universidad de Las Américas
