En la última década los costos asociados al Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) se han duplicado. Si 2014 implicaba un 0,6 % del PIB, actualmente ya supera el 1,2%, siendo más de la mitad del 7% de cotización obligatoria destinado a dicho pago, lo que resta importantes recursos a la prevención, curación y rehabilitación de los padecimientos.
El aumento de dicho gasto representa que somos una sociedad más enferma, especialmente en salud mental, pero también que ha aumentado el uso abusivo y fraudulento de dicho importante recurso terapéutico, a un punto de hacer insostenible el actual sistema y a generar un creciente consenso de la urgencia de una profunda reforma.
Al momento de pensar en transformaciones, se debe colocar al centro como cuidar la sostenibilidad de un derecho esencial. Para ello, las personas deben asumir que se deben generar incentivos y fiscalizaciones para el uso correcto de las licencias; los profesionales deben comprender que además de controles y sanciones al mal uso, debe haber orientaciones y guías que aumenten la estandarización y racionalidad terapéutica del instrumento; y, la sociedad en su conjunto debe apoyar medidas, aunque sean duras y políticamente difíciles, orientadas a avanzar hacia un balance virtuoso entre el cuidado del reposo, la sostenibilidad económica, la prevención y castigo del fraude.
Al respecto, ya hay muchos estudios técnicos y experiencias internacionales que sustentan entre algunas materias rediseños profundos en el modo de pagar el reposo y en generar una institucionalidad independiente de quien financia y presta atención de salud, que termine con la falta de claridad de roles y responsabilidades de la multiplicidad de organismos hoy involucrados, en las debilidades de fiscalización y en las diferencias inexplicables entre trabajadores privados y públicos.
Temas que han quedado al margen del debate, son el papel de las empresas y los incentivos que debieran crearse para que éstas se involucren en posibilitar espacios laborales saludables y como extender este derecho a los trabajadores informales (que ya son un tercio) y a los miles de personas, especialmente mujeres, que ejercen trabajo doméstico o labores del cuidado que no son visibilizados ni valorados por la sociedad. Hace ya mucho tiempo que en lo que respecta a las licencias médicas urge el coraje de que de una vez por todas coloquemos “el cascabel al gato”.
Por Osvaldo Artaza, decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales, Universidad de Las Américas
