Columna de Osvaldo Artaza: Y después de la ley corta, ¿qué en salud?

Dado el actual contexto del sistema Isapres, es perentorio se apruebe de la manera más adecuada la ley corta que está en trámite en la Comisión de Salud del Senado, a objeto se pueda dar cumplimiento integral de los fallos de la Corte Suprema, junto a minimizar el riesgo de un desplome masivo en la continuidad de la operación de las Isapres que pudiere afectar a las personas. Dicho proyecto, además, contempla una mejora del Fonasa en su capacidad de ofrecer protección financiera en la modalidad de libre elección, lo que es una muy buena noticia para los más de cinco millones de chilenos, que siendo beneficiarios del Fondo Nacional de Salud, utilizan habitualmente prestadores privados a través de dicha modalidad.

La aprobación de la ley corta, en los términos señalados, solo tendrá como efecto “ganar tiempo” para conseguir una reforma más profunda en el ámbito del financiamiento, que logre superar la injusta segmentación e ineficiencias de nuestro actual sistema. Lamentablemente, lo probable es que dicha reforma estructural siga en espera dada la dificultad para negociar acuerdos, producto tanto del actual clima político de polarización como de las profundas diferencias en los modelos de financiamiento de la seguridad social en salud, que han estado por muchos años en nuestro país en una estéril competencia que solo ha tenido como efecto la parálisis y el bloqueo. La disputa entre fondos o seguros de carácter públicos versus la participación de seguros privados claramente no se zanjará en el ámbito constitucional, sino que a través de los futuros equilibrios políticos parlamentarios que viabilicen o no cambios legislativos. En este escenario, y ante el peligro de seguir sin producir necesarias y urgentes transformaciones en nuestro sistema de salud, pudiera ser aconsejable proponer avances o cambios graduales en salud que tengan positivos impactos en la población, que tengan mayor nivel de consenso y que sean compatibles con los modelos finales que distintos sectores políticos tienen en mente.

Estas transformaciones preparatorias podrían ser: primero, separar el ámbito de las licencias médicas del de las prestaciones en salud. Para ello junto, a fortalecer las Compin como entes reguladores para todo el sistema, habría que mejorar los marcos regulatorios, de fiscalización e incentivos, a efecto disminuir abusos y generar una institucionalidad distinta a las Isapres y el Fonasa para el pago de las licencias (incluso se podría aprovechar uno actualmente existente como es el sistema Mutual). Esto implicaría marcar una parte de la cotización y del aporte estatal exclusivamente para estos efectos. Incluso se podría plantear una contribución adicional de parte de los empleadores con el fin de generar incentivos para que las empresas inviertan en prevención (las dos causas más frecuentes de licencias son salud mental y osteomusculares, ambas razones son claramente susceptibles de intervenir preventivamente de modo muy efectivo). Una segunda área de cambios podría guardar relación con lograr para Chile un Plan de Salud Universal. Para ello, debería fortalecerse capacidades en el Minsal, o generarse una institucionalidad específica, que en base a la evaluación de tecnologías, proponga un plan integral y universal con reglas generales de oportunidad y acceso, junto a protocolos y guías para abordar los distintos padecimientos desde la prevención a los cuidados de largo plazo en todo el curso de la vida. Este plan debe establecer un modelo de atención común y universalizar la atención primaria (APS) generando incentivos para que las personas recurran más racionalmente a la atención de especialidad a través de derivaciones desde la APS y así se evite el consumo innecesario de prestaciones de alto costo y riesgo (como hospitalizaciones y exámenes innecesarios). Una tercera área de cambios podría tener relación con la urgencia de establecer un nuevo marco regulatorio para los seguros complementarios en salud, que actualmente utilizan millones de chilenos y que solo están sujetos a las mismas regulaciones generales de los seguros de auto, o de siniestros, en la Comisión de Mercado Financiero, a objeto tengan un mejor sentido sanitario y se privilegien los seguros de tipo colectivo. Igualmente necesaria como cuarta área de cambios, aunque más controversial, sería generar un nuevo marco legal para el sector público: una nueva gobernanza para el Fonasa que evite riesgo de coaptación y de garantías a todos los afiliados; separar formalmente la prestación pública de la rectoría del Ministerio, a través de la generación de una entidad fuera de éste, con gobernanza y reglas de gestión que propicien la eficiencia y que articulen e integren mejor los niveles de atención y minimicen la captura político partidista.

De persistir la dificultad de una reforma global en salud, especialmente en el ámbito del financiamiento, pudiera ser interesante abordar legislativamente el mayor número de los temas aquí enunciados. No hacer nada y persistir en la parálisis no tiene explicación alguna de cara a las urgentes necesidades de las personas, las familias y sus comunidades. Los actores políticos tienen hoy la palabra y un deber ético ineludible.

Por Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, Universidad de Las Américas