El miércoles pasado, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, junto al director general de Concesiones, Juan Manuel Sánchez, presentaron en Arena Santiago la nueva cartera de proyectos de infraestructura pública a licitar antes de que termine el gobierno, para ser construidos e inicien su operación entre 2024 y 2028.
Se trata de la cartera más ambiciosa jamás presentada por el MOP, considerando 24 proyectos y una inversión de más de US$ 17.600 millones. Si bien muchos en la industria dudan que se pueda implementar la totalidad de ellos, la noticia ha sido muy bien recibida, y en palabras de concesionarios, si se logra licitar la mitad, ya sería un verdadero éxito.
Celebramos la señal política del Ejecutivo por respaldar y consolidar la alianza público-privada en el desarrollo de nuestra infraestructura, la cual estuvo amenazada durante el proceso constituyente por convencionales oficialistas que proponían nacionalizar la cartera y terminar con esta virtuosa política, que ha superado con creces los beneficios sociales y económicos previstos cuando se implementó hace ya más de 30 años.
No solo se trata de la inversión de billones de dólares en nuestro país, o la creación de cerca de 32 mil puestos de trabajo, sino además el positivo impacto que generarán estos proyectos en las comunidades, el sector productivo y los servicios en el país.
Los proyectos presentados son de gran diversidad en cuanto a su tipo y localización. La mitad son nuevas autopistas o relicitaciones de aquellas que ya cumplieron su plazo de explotación, también destacan megaproyectos largamente esperados como el tren Valparaíso-Santiago, que con un costo estimado de US$ 3.820 millones es el más ambicioso y complejo de la cartera. Se incluyen nuevas cárceles en Talca y Copiapó, plantas desaladoras en Coquimbo, el necesario sistema nacional de alerta temprana de tsunamis, dos electrocorredores en Concepción, un tranvía entre Coquimbo/La Serena, y los teleféricos de Alto Hospicio/Iquique y Valparaíso.
Esta diversidad de proyectos plantea nuevos desafíos, ya que los riesgos para los inversionistas son mayores cuando la demanda no está asegurada, los plazos de aprobación son inciertos y las reglas no están tan claras. Por otro lado, los eventuales conflictos socioambientales que puedan surgir por la debida inserción urbana y territorial de estas infraestructuras podrían extender los procesos de evaluación e incluso judicializarlos. Por ello, es vital que el gobierno transmita certeza tanto a inversionistas como a las comunidades. Y en ese sentido, es clave el liderazgo de la ministra López, quien conoce de cerca los dolores de la industria, desde su experiencia previa como alta ejecutiva de BancoEstado y exdirigente de las empresas sanitarias. A ello se suma el don de la implementación del director Sánchez, quien inició su carrera ejecutando el programa Biovías en el gobierno de Lagos, colaboró en la reconstrucción post 27F y tiene una larga trayectoria en el MOP. En cuanto a la sostenibilidad de los proyectos, el ministerio está incorporando criterios de eficiencia energética e hídrica en cada uno de los llamados.
Como decía el profesor de Harvard Jerold Kayden: “Planificar es humano… implementar es divino”. El gobierno ya ha cumplido con lo humanamente posible, con visión de Estado y largo plazo; ahora la clave será que todos concurramos y nos sumemos para llegar a lo divino, incluidos aquellos pequeños demonios dentro del oficialismo que aún dudan de la alianza público-privada.
Por Pablo Allard, decano Fac. de Arquitectura UDD
