Luego de 13 años en un recinto modular, escolares de la isla de Juan Fernández volverán a estudiar en condiciones dignas para su desarrollo. Esta noticia no solo da cuenta de las dificultades de vivir en una zona remota, sino algo más grave y que afecta la gestión e implementación de buenas políticas públicas: la excesiva burocracia y silos de poder dentro del Estado.
La escuela original fue destruida por el tsunami del 27F, instalándose una solución temporal de containers adaptados en terrenos fuera de riesgo propiedad de la Conaf. El problema surgió cuando el Mineduc determinó que el terreno definitivo más adecuado era el de Conaf, institución que se negó a cederlo, exigiendo que la nueva escuela considerara la educación ambiental. Así pasó más de una década y una generación completa se formó en instalaciones precarias. Si no es por la intercesión personal del Presidente Boric, la solución temporal seguiría permanente. El terreno finalmente fue cedido al Servicio Local de Educación y se espera que la nueva “escuela ambiental” esté construida el 2025. Esta triste historia da cuenta de lo difícil que es avanzar en la gestión de iniciativas tan importantes como esta escuela o el Plan de Emergencia Habitacional, donde uno de los ejes es la consolidación de un banco de suelo público para vivienda y equipamiento social.
El Estado es uno de los principales propietarios de suelo bien ubicado en nuestras ciudades, pero muchas veces es considerado una “reserva patrimonial estratégica” para las entidades que los administran, como es el caso de EFE, las Fuerzas Armadas, ministerios o la propia Conaf. Si para el Estado es difícil transferir la propiedad de suelo entre sus propias agencias, más difícil aún es que pueda comprarlo a privados, salvaguardando el buen uso de recursos públicos y evitando la especulación o corrupción.
Por esto mismo hay que celebrar la reciente compra del terreno de 9,8 hectáreas de la ex Ciudad del Niño al Serviu Metropolitano, con un potencial de albergar más de 1.200 familias en una de las comunas con mejor calidad de vida, como es San Miguel. El plan está en desarrollo y se prevé que las primeras obras comenzarían en 2024. Situación similar se logró con los ex terrenos del Mineduc en Lo Barnechea a finales de la administración anterior, y es de esperar que suceda lo mismo con los terrenos de la ex Estación San Diego en Franklin luego de la fallida licitación del 2020.
El Plan Ciudades Justas del Minvu busca garantizar dos de estos proyectos en la capital, y al menos uno en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Maule, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes, donde se privilegiará la compra o transferencia de suelos fiscales en localizaciones con buen acceso a servicios y equipamientos de transporte, educación, áreas verdes, y que sean factibles de implementar. La meta del plan es incorporar 1.211 hectáreas de terrenos a nivel nacional para construir las viviendas que no contaban con suelo a marzo de 2022.
Si bien en esta columna criticamos el bajo número de viviendas terminadas por el Minvu el 2021, hay que destacar que, según el Serviu Metropolitano, al 28 de febrero de este año entre el programa de integración social y el fondo solidario, sumando la cantidad de viviendas en proyecto, ejecución y terminadas en la RM se llegaría a un total de 82.419 viviendas en curso. Por lo que la Región Metropolitana podría terminar al 2024 con 81.155 viviendas construidas de la meta nacional de 260.000. El éxito del plan no solo radica en los recursos, proyectos, constructoras y capacidad de gestión, sino también en destrabar los nudos burocráticos y silos que dificultan llegar a la tan esperada meta.
Por Pablo Allard, decano Facultad de Arquitectura, Universidad del Desarrollo
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