El escándalo por la asignación directa de más de $426 millones a la fundación Democracia Viva ha generado un daño incluso superior a los más de $8 mil millones que hoy son cuestionados a una decena de fundaciones; paralizando la mayoría de los proyectos hoy pesquisados y, lo más grave, cuestionando la colaboración entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
Para la derecha radical es un botín para debilitar más a Revolución Democrática, el partido de la “escala de valores y principios” superiores, y de paso quitarle el piso a la reforma tributaria. Para la izquierda radical es el momento de destruir la colaboración público-privada en su feudo, el mundo social y las comunidades más vulnerables, argumentando que este tipo de servicios los debe entregar un Estado cada vez más grande, poderoso y omnipresente.
El mayor costo lo pagarán las comunidades más vulnerables o postergadas; quienes no pueden resolver sus necesidades sin la ayuda del Estado, y cuyas urgencias o particularidades son tan específicas o apremiantes que la estructura gubernamental es demasiado gruesa o lenta para llegar a tiempo. Si el Estado es lento en tiempos de paz, esto se hace crítico en situaciones de emergencia. Es aquí donde el rol de las fundaciones es crucial para complementar la acción estatal, dada su agilidad, grado de especialización y capilaridad en los territorios.
No hay que ser ingenuo y creer que el trabajo social es apolítico. Hasta el más tecnócrata tiene sus propias posiciones, y la sensibilidad por lo social es el campo natural de la izquierda o la derecha popular. Pero esa inclinación se puede contener definiendo bien los bordes de cada proyecto, estricta supervigilancia y fiscalización de las contrapartes estatales.
Trabajé con muchas de estas fundaciones en mi calidad de Coordinador Nacional de Reconstrucción Urbana del Minvu luego del 27F. Si bien como gobierno fuimos eficientes y efectivos en proveer la estructura para la recuperación física de viviendas, infraestructura, empleos y planificación resiliente, fueron las organizaciones de la sociedad civil quienes complementaron ese trabajo, llenando los espacios más finos para una reconstrucción holística en áreas como desarrollo comunitario, cohesión social e identidad patrimonial, salud mental y duelo. No fue una colaboración fácil, al fragor del desastre se contaminó la épica unitiva del proceso con agendas e intereses personales, corporativos, políticos, también corrupción y aprovechamiento. Pero esa colaboración permitió avanzar en cuatro años en una reconstrucción mucho más integral.
No cabe duda de que el gobierno ha fallado en la conducción de esta crisis, el Poder Judicial y la Contraloría han sido más expeditos, y esperamos pronto las recomendaciones de la comisión para la probidad e integridad y así contar con reglas claras para definir el rol, fortalecer y reactivar la colaboración entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, ya que el daño está hecho, los pobres y postergados no tienen la culpa, y no pueden esperar.
Por Pablo Allard, decano Facultad de Arquitectura UDD
