El presupuesto de la nación presentado por el Presidente Boric fue reconocido transversalmente como una señal de responsabilidad fiscal, contener la inflación y avanzar en su programa. Pese a lo mal que se prospecta la economía global para el 2023, el Presidente enfatizó como primer pilar del erario promover el crecimiento y la inversión pública y privada para la generación de empleo. Días después, ante la Cámara Nacional de Comercio reconoció su desconfianza original y la necesidad de rearticular la colaboración público-privada, mientras el ministro de Obras Públicas promovía un ambicioso plan de concesiones en España.
Lamentablemente ya perdimos cerca de siete meses, en que muchas nuevas autoridades se dieron el gusto de detener o postergar grandes proyectos de inversión por razones meramente políticas. Tal es el caso del proyecto “Comunidad Egaña Sustentable”, un proyecto de cuatro torres en Ñuñoa que integra la visión urbana a la que debería adherir un gobierno progresista, como ofrecer vivienda accesible en zonas centrales, con una densidad equilibrada, a distancia caminable del Metro, con usos mixtos de comercio, cultura y servicios, aportando más de 9 mil m2 de áreas verdes, cumpliendo la normativa urbana y ambiental, e incluso la norma europea, y con un proceso de participación ciudadana sin precedentes. Sin embargo, a pocos días de asumir el gobierno, embriagados por el triunfo de esta nueva “escala de valores”, la Comisión de Evaluación Ambiental de la RM, contraviniendo el voto favorable de representantes del Minvu y otras reparticiones técnicas, decide rechazar el proyecto por el aparente efecto sombra de los nuevos edificios que afectaría por unos minutos a tres propiedades vecinas. Este gusto político significó detener una inversión de US$300 millones, la construcción de 1.800 viviendas a pasos del metro, y la pérdida de empleo de más de 1.500 trabajadores. Una historia similar vive en Viña del Mar el proyecto de recuperación urbana de los ex depósitos de combustibles de Las Salinas. Proyecto de más de US$55 millones, que contaba con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, con un plan para remediar ambientalmente el terreno, generando un nuevo barrio mixto que conectaría las comunidades existentes con el mar y la playa por medio de corredores ecológicos, parques y un nuevo subcentro urbano. Pese a lo anterior, el plan fue cuestionado porque el mecanismo de remediación propuesto es demasiado avanzado para nuestro tiempo. Si bien el comité de ministros finalmente aprobó la RCA del proyecto, solo lo habilitó a remediar el terreno contaminado, más no a la construcción de un proyecto inmobiliario, haciendo inviable cualquier inversión en este.
Mientras estos grandes proyectos urbanos se postergan con enormes costos, el ministro de Vivienda da una lucha frenética contra la crisis habitacional, pero parece haberse olvidado de la ciudad. Evidenciado en que ha descabezado y desactivado al Consejo Nacional de Urbanismo por siete meses, reestructurado la División de Desarrollo Urbano de su cartera y cancelado iniciativas como el plan Ciudades 2050 que apostaba a que 20 ciudades contaran con un plan estratégico de desarrollo que orientara la inversión público-privada.
Más que abdicar a la explícita desconfianza del oficialismo hacia el sector privado, lo de Boric es un acto de realismo sin precedentes que deberían replicar sus pares. Parece que luego de una lenta y errática instalación, o como ellos llaman “habitación” en sus cargos, es hora que el gobierno comience a entender que o nos salvamos entre todos, o entregarán el país peor de lo que lo recibieron.
Por Pablo Allard, decano de la Fac. de Arquitectura, U. del Desarrollo
